El Mundial 2030 empieza a mostrar una verdad incómoda: ser sede ya no siempre es un honor, también puede ser una carga. Ciudades como Gijón, Málaga y Coruña han renunciado a acoger partidos del torneo que organizarán España, Marruecos y Portugal, alegando exigencias económicas, organizativas y urbanas onerosas de asumir. La FIFA vende prestigio global, pero muchas ciudades empiezan a hacer cuentas y descubren que la fiesta puede salir demasiado cara.
Las condiciones son duras. La FIFA exige estadios con más de 40.000 espectadores, helipuerto en las inmediaciones, aeropuertos cercanos operando 24 horas antes de los partidos y cuatro centros de entrenamiento bajo estándares internacionales. Hasta allí, alguien podría decir que son requisitos propios de un evento mundialista. El problema aparece cuando se revisan las obligaciones económicas y fiscales.
La FIFA exige una exención fiscal prácticamente total para el organismo, proveedores y personas designadas. Es decir, la ciudad pone infraestructura, seguridad, logística y recursos públicos, mientras el lucrativo negocio queda blindado para el dueño del espectáculo. Además, las sedes deben firmar seguros por 100 millones de dólares, financiar la publicidad local y aceptar que la FIFA use la marca de la ciudad durante el torneo.
El desequilibrio es evidente. La FIFA se reserva beneficios, control comercial y poder contractual, mientras las ciudades asumen riesgos, costos y posibles tensiones sociales. Movilidad colapsada, presión sobre el espacio público, conflictos entre aficiones, turistificación y gentrificación son preocupaciones reales. No es exagerado preguntarse si un partido mundialista justifica alterar durante semanas la vida cotidiana de una ciudad.
También preocupa la seguridad. Los operativos policiales y logísticos corren a cargo de las administraciones públicas. En la práctica, el contribuyente termina financiando buena parte de las condiciones que permiten a la FIFA organizar su negocio global. Y si algo sale mal, el costo político lo paga la ciudad, no el organismo internacional.
Lo más mordaz es que la promesa de rentabilidad tampoco está garantizada. Diversos análisis han cuestionado durante años el impacto económico real de estos megaeventos. Según la línea crítica desarrollada por Andrew Zimbalist en Circus Maximus, muchos Mundiales y Juegos Olímpicos generan sobrecostos, beneficios concentrados y retornos menores a los prometidos.
La renuncia de varias ciudades no es capricho ni falta de ambición. Es una señal de madurez institucional. A veces decir no a la FIFA es defender el presupuesto público, el orden urbano y el interés ciudadano.
Reflexión final
El Mundial debe ser una fiesta del fútbol, no un contrato leonino para las ciudades. Si la FIFA quiere sedes, también debe compartir costos, riesgos y responsabilidades. Porque el prestigio no paga facturas, no ordena el tráfico ni devuelve a una ciudad el control de su espacio público. (Foto: lacajanegra.blog).