En cualquier democracia seria, una alerta sobre S/61 mil millones en presuntos sobrecostos y 718 denuncias por presunta corrupción habría provocado una sacudida institucional de enormes proporciones. En el Perú, sin embargo, el riesgo es otro: que semejante escándalo termine absorbido por la rutina política y el acostumbramiento ciudadano.
La cifra es tan monumental que cuesta comprenderla. Pero detrás de esos miles de millones no existen simples expedientes administrativos. Existen hospitales que nunca se terminaron, colegios inconclusos, carreteras paralizadas y millones de peruanos que siguen esperando servicios básicos que debieron llegar hace años.
La Comisión Especial de Control Concurrente y Anticorrupción del Congreso identificó S/61.4 mil millones en presuntos sobrecostos vinculados a 3,151 obras públicas, además de remitir 718 denuncias al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Las observaciones alcanzan proyectos ejecutados en regiones como Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, Junín, Cusco, Arequipa y Puno, territorios donde millones de ciudadanos siguen enfrentando enormes brechas en salud, educación, saneamiento e infraestructura.
La contradicción resulta indignante. Mientras comunidades enteras reclaman hospitales equipados, carreteras seguras, sistemas de agua potable y colegios dignos, el país descubre que miles de millones de soles terminaron envueltos en cuestionamientos relacionados con sobrecostos y presuntas irregularidades.
El informe también advierte sobre 2,241 obras paralizadas, con una inversión superior a S/73 mil millones. Detrás de cada obra detenida existe una población afectada. En el norte, miles de familias esperan proyectos de prevención frente a fenómenos climáticos. En la sierra, comunidades continúan enfrentando limitaciones en conectividad e infraestructura básica. En diversas regiones del país, la promesa del desarrollo sigue atrapada entre expedientes, arbitrajes, retrasos y sospechas.
Más preocupante aún es que más de 1,600 proyectos incrementaron sus costos por encima del 100 %, mientras que decenas registraron aumentos superiores al 500 %. Si estas cifras fueran parte de una empresa privada, las alarmas habrían sonado hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando se trata del dinero de todos los peruanos, las explicaciones suelen llegar tarde y las responsabilidades, aún más.
La corrupción no distingue regiones ni colores políticos. Golpea a Lima y golpea a provincias. Castiga por igual a la costa, la sierra y la selva. Su verdadero rostro aparece en el ciudadano que espera una obra que nunca termina y en el contribuyente que observa cómo los recursos públicos desaparecen entre sobrecostos, retrasos y denuncias.
Las 718 denuncias representan una oportunidad para demostrar que las instituciones todavía pueden responder frente a hechos que comprometen recursos públicos de enorme magnitud. El país necesita resultados concretos y no únicamente nuevas estadísticas sobre corrupción.
Reflexión final
Los S/61 mil millones observados no son solo una cifra económica. Son una radiografía de las oportunidades perdidas en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, Junín, Cusco, Arequipa, Puno y muchas otras regiones que esperan obras, servicios y desarrollo. Porque cuando la corrupción se instala en la gestión pública, el dinero no es lo único que desaparece. También desaparecen la confianza, la esperanza y las posibilidades de construir un país más justo para todos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).