Las campañas electorales suelen exponer diferencias ideológicas, programas de gobierno y visiones de país. Sin embargo, también ponen a prueba algo igualmente importante: la coherencia política. La reciente solicitud de Roberto Sánchez para impulsar un recuento de votos ha generado un debate que trasciende el resultado de la segunda vuelta presidencial. La razón es sencilla: el mismo mecanismo que hoy considera necesario fue rechazado por él cuando ocupaba una curul en el Congreso durante el año 2025.
La controversia no gira en torno al derecho que tiene cualquier candidato de utilizar los recursos contemplados por la legislación electoral. En una democracia, cuestionar actas, solicitar revisiones o recurrir a mecanismos legales forma parte del juego institucional. Lo que ha despertado la atención pública es la diferencia entre la posición sostenida ayer y la que se defiende hoy.
Cuando el Congreso debatió la incorporación del recuento de votos como herramienta electoral, Sánchez votó en contra de esa propuesta. En aquel momento, el mecanismo no contó con su respaldo político. Sin embargo, ahora que la elección presenta un resultado ajustado y la diferencia entre candidatos es mínima, el recuento aparece como una alternativa necesaria para fortalecer la confianza ciudadana.
La situación refleja un problema recurrente en la política peruana: la fragilidad de las convicciones cuando estas se enfrentan a intereses coyunturales. Con frecuencia, las reglas son cuestionadas cuando favorecen al adversario y defendidas cuando parecen beneficiar a quien las invoca. Esa dinámica no fortalece la democracia; por el contrario, alimenta el escepticismo de una ciudadanía cada vez más desconfiada de la clase política.
La discusión de fondo no es si debe o no realizarse un recuento conforme a la ley. El verdadero debate gira en torno a la consistencia de los líderes políticos. Las normas electorales deben ser defendidas o cuestionadas por sus méritos institucionales, no por las ventajas circunstanciales que puedan ofrecer en una elección determinada.
La democracia necesita actores capaces de sostener posiciones claras incluso cuando los resultados no les son favorables. De lo contrario, la percepción pública termina asociando las decisiones políticas con la conveniencia del momento y no con principios sólidos.
La solicitud de recuento de votos forma parte de los mecanismos previstos dentro del sistema electoral. Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones cuando quienes hoy promueven determinadas herramientas fueron quienes ayer las rechazaron.
Reflexión final
La confianza en la democracia no depende únicamente de las instituciones electorales. También depende de la coherencia de quienes aspiran a gobernar. Cuando las posiciones cambian según el resultado de las urnas, el problema deja de ser jurídico o electoral. Se convierte en una cuestión de credibilidad política, uno de los activos más escasos y más necesarios para la salud democrática del país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).