Durante años se nos dijo que el principal problema del Perú era la corrupción. Después llegó la inseguridad, luego la crisis política, más tarde el colapso de los servicios públicos y finalmente la pérdida de confianza en las instituciones. Sin embargo, observar cada uno de estos hechos por separado impide comprender la verdadera dimensión del problema.
El Perú no enfrenta una suma de crisis independientes. Enfrenta algo mucho más profundo y peligroso: el progresivo debilitamiento del Estado. Cuando las instituciones dejan de responder con eficacia, la autoridad pierde fuerza y los ciudadanos sienten que deben resolver solos problemas que corresponden al Estado, la democracia comienza a erosionarse desde sus cimientos.
Los síntomas están a la vista de todos. La extorsión obliga a miles de bodegueros, comerciantes y transportistas a pagar cupos para trabajar. El narcotráfico continúa financiando organizaciones criminales que amplían su influencia en distintas regiones. La minería ilegal destruye ecosistemas, mueve millones de dólares fuera del control estatal y alimenta redes de corrupción. El tráfico de tierras y la trata de personas siguen creciendo mientras numerosas comunidades viven bajo el temor permanente.
La crisis también golpea a la salud pública. Hospitales colapsados, falta de medicamentos, escasez de especialistas, citas médicas que tardan meses y obras hospitalarias inconclusas evidencian un sistema que sobrevive con enormes dificultades. Mientras tanto, miles de pacientes esperan atención en condiciones que ningún país debería considerar aceptables.
La situación tampoco es distinta en el turismo. Machu Picchu, principal símbolo del Perú ante el mundo, ha perdido interés entre operadores internacionales debido a la incertidumbre en la venta de boletos y a una gestión cuestionada. Resulta paradójico que una de las siete maravillas del mundo enfrente dificultades derivadas, principalmente, de problemas administrativos y falta de coordinación institucional.
Todo ello ocurre en un contexto de creciente descrédito político. Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y actualmente José Balcázar no han logrado revertir una tendencia que se ha consolidado durante los últimos años: instituciones debilitadas, reformas postergadas y una ciudadanía cada vez más distante de la política. A ello se suma un Congreso cuya agenda muchas veces parece alejarse de las prioridades urgentes del país, mientras la confianza pública continúa deteriorándose.
Lo verdaderamente preocupante es que estas crisis se retroalimentan. La corrupción debilita al Estado; un Estado débil favorece al crimen organizado; la inseguridad desalienta la inversión; la falta de inversión limita el desarrollo; y el desencanto ciudadano termina erosionando la legitimidad de las instituciones democráticas.
El Perú necesita mucho más que cambios de autoridades o nuevos discursos. Necesita reconstruir la fortaleza de sus instituciones, recuperar la autoridad del Estado y devolver a los ciudadanos la confianza de que las leyes se cumplen, los recursos públicos se administran con transparencia y los servicios esenciales funcionan con eficiencia.
Mientras no exista una estrategia integral de largo plazo, las crisis seguirán multiplicándose y el país continuará reaccionando en lugar de anticiparse a los problemas.
Reflexión final
Las naciones no colapsan únicamente cuando pierden recursos o crecimiento económico. Comienzan a hacerlo cuando sus instituciones dejan de inspirar confianza, su autoridad retrocede frente al crimen y sus ciudadanos sienten que están cada vez más solos frente a los problemas que el Estado debería resolver.
La verdadera reconstrucción del Perú no pasa únicamente por la economía o la política. Pasa por recuperar un Estado capaz de gobernar con autoridad, transparencia y eficacia. Porque cuando el Estado se debilita, siempre hay alguien dispuesto a ocupar el espacio que deja vacío. Y esa es una realidad que ninguna democracia debería normalizar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).