Gianni Infantino vuelve a quedar en el centro de una tormenta que golpea directamente la credibilidad de la FIFA. El caso Folarin Balogun, la polémica llamada de Donald Trump y la decisión de suspender la sanción al delantero estadounidense han abierto una grieta institucional difícil de maquillar. Según la información difundida, el presidente de la FIFA enfrenta presión internacional e incluso pedidos de investigación por presunto favoritismo y posible vulneración del principio de neutralidad política. No se trata de una anécdota arbitral. Se trata de una pregunta mucho más grave: ¿la FIFA aplica justicia deportiva o administra conveniencias de poder?
El origen del escándalo es claro. Balogun fue expulsado tras una falta ante Bosnia y Herzegovina, una acción que normalmente debía dejarlo fuera del siguiente partido de Estados Unidos frente a Bélgica. Sin embargo, la FIFA decidió suspender la ejecución del castigo, permitió que el jugador siguiera disponible y aplicó una multa económica. El organismo invocó el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender total o parcialmente una sanción. Legalmente podrá encontrar una rendija. Éticamente, el problema es enorme.
La controversia creció porque la decisión llegó después de que Donald Trump reconociera haber llamado a Infantino para pedir una revisión de la tarjeta roja. Ese detalle cambia todo. Una sanción deportiva puede discutirse; una sanción deportiva revisada bajo la sombra de una llamada presidencial se convierte en sospecha institucional. La FIFA puede repetir que sus órganos disciplinarios son independientes, pero la independencia no se defiende con comunicados: se demuestra con coherencia, distancia política y criterios iguales para todos.
El contraste con otros casos profundiza el cuestionamiento. Mientras Balogun fue habilitado para jugar, otros futbolistas habrían recibido castigos más severos por acciones comparables. Esa diferencia alimenta la percepción de favoritismo. Y en el fútbol, la percepción también pesa. Cuando los criterios disciplinarios parecen variar según la camiseta, la sede o el poder político que rodea al jugador, la autoridad queda herida.
La presión europea confirma que el tema ya superó el terreno deportivo. La UEFA, parlamentarios europeos y organizaciones como FairSquare han pedido explicaciones e investigación. El problema no es solo Balogun. El problema es una FIFA cada vez más expuesta a la política, al negocio y al presidencialismo de Infantino. Un organismo que debería proteger la neutralidad del fútbol termina acusado de doblar la regla ante los poderosos.
Gianni Infantino debe responder con transparencia. La FIFA tiene que explicar quién tomó la decisión, bajo qué criterios, por qué se aplicó una medida excepcional y si existió influencia externa. No basta esconderse detrás del reglamento. Cuando una decisión disciplinaria deja olor a favoritismo, el silencio solo agranda la sospecha.
Reflexión final
La FIFA vuelve a quedar cuestionada porque parece olvidar que el fútbol necesita reglas iguales, no privilegios elegantes. Infantino puede controlar discursos, ceremonias y fotografías, pero no puede pedir confianza mientras las decisiones sensibles quedan rodeadas de sombras políticas. Cuando una tarjeta roja termina convertida en expediente internacional, el problema ya no está en el árbitro: está en el poder que pretende jugar desde el palco. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).