José MarÃa Balcázar se acerca al final de su mandato rodeado de cuestionamientos que retratan una manera peruana de ejercer el poder: austeridad para el discurso, comodidad para el despacho. A pocos dÃas de dejar Palacio de Gobierno, diversos reportes periodÃsticos han puesto bajo la lupa viajes oficiales a Lambayeque por más de S/1,1 millones, gastos diarios de S/5.500 en alimentación del Despacho Presidencial y una solicitud de pensión vitalicia de S/15.600 mensuales ante el Congreso. Todo mientras el paÃs exige seguridad, empleo, salud y servicios públicos dignos.
El punto más sensible es la pensión vitalicia. Balcázar sostiene que le corresponde bajo la interpretación de la Ley n.º 26519, pero el debate no es solo legal: es ético. La norma fue pensada para expresidentes elegidos por voto popular. Balcázar llegó al cargo por sucesión constitucional, no por mandato directo de las urnas. Pedir ese beneficio en medio de cuestionamientos por gastos públicos no solo resulta polÃticamente inoportuno; golpea la sensibilidad de millones de peruanos que jamás recibirán una pensión suficiente pese a trabajar toda su vida.
Luego está la ruta aérea del poder. De los 19 vuelos oficiales registrados en sus primeros meses, 11 tuvieron como destino Lambayeque, región donde fue elegido congresista y donde concentró parte significativa de su agenda pública. El costo superó S/1,1 millones, según reportes difundidos por la prensa. La pregunta cae sola: ¿agenda nacional o itinerario de conveniencia polÃtica? Cuando un mandatario usa recursos públicos, cada viaje debe justificarse con resultados, no con fotografÃas, saludos y presencia simbólica.
La mesa presidencial tampoco escapa al escrutinio. Un gasto diario de S/5.500 en alimentación exige explicaciones claras, proveedores identificados y transparencia absoluta. En un paÃs donde muchas familias comparan precios antes de comprar pollo, arroz o verduras, el Estado no puede tratar el gasto público como si fuera una cuenta sin dueño.
A ello se suma la adjudicación de un servicio de internet para Palacio por S/1,7 millones a una empresa que, según los reportes, mantenÃa antecedentes de sanción por incumplimientos previos. Y, como si faltara un sÃmbolo final, seis agentes de la escolta presidencial fueron separados tras ser captados en una discoteca durante una comisión oficial en Lambayeque.
El problema no es solo Balcázar. El problema es una cultura polÃtica que convierte el Estado en plataforma de privilegios, mientras exige paciencia al ciudadano. Viajes, comida, contratos y pensiones deben pasar por el mismo filtro: legalidad, necesidad, transparencia y decencia pública.
Reflexión final
El poder no deberÃa servir para retirarse con beneficios, sino para rendir cuentas. Si un presidente deja Palacio entre gastos cuestionados y pedidos de privilegio, la indignación ciudadana no es exageración: es defensa mÃnima de la República. Porque el dinero público no cae del cielo; sale del bolsillo de un paÃs que ya está cansado de pagar cuentas ajenas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).