Javier Milei decidió marcar distancia pública de Claudio “Chiqui” Tapia y respaldar el avance de las investigaciones que comprometen a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. El presidente aseguró que no mantiene contacto con el titular de la AFA ni con la entidad y afirmó que su gobierno no interferirá en las decisiones judiciales.
La declaración no resuelve las causas, pero rompe una vieja costumbre regional: dirigentes políticos y deportivos protegiéndose mutuamente mientras los expedientes duermen. Esta vez, al menos en el discurso, la orden es distinta: que la justicia investigue.
Tapia y otros directivos fueron procesados en una causa por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales que superarían los 19.300 millones de pesos. A ello se suma una ampliación presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por el supuesto uso de facturas falsas por más de 900 millones de pesos destinadas, según la investigación, a una posible evasión fiscal.
Son imputaciones que deben probarse en los tribunales y bajo respeto estricto de la presunción de inocencia. Pero esa garantía no puede convertirse en una excusa para que la AFA responda con silencios, comunicados defensivos o apelaciones a la épica futbolera. La selección puede ganar campeonatos; eso no convierte a sus dirigentes en ciudadanos exentos de rendir cuentas.
Milei sostuvo que no piensa “molestar” ni intervenir sobre la justicia. Es lo mínimo exigible en una república, aunque en países habituados a la intromisión política termine presentándose como una hazaña institucional. La verdadera prueba no será una frase pronunciada en una entrevista, sino sostener esa distancia cuando las investigaciones avancen, aparezcan nuevas pruebas o aumenten las presiones.
La AFA maneja contratos, patrocinios, derechos comerciales y recursos de enorme magnitud. Por eso sus cuentas no pueden ser tratadas como asuntos internos de una asociación privada. Cuando existen sospechas de evasión, retenciones indebidas o documentación falsa, está en juego dinero que debía llegar al Estado, a la seguridad social y, finalmente, a la ciudadanía.
La ruptura política entre Milei y Tapia puede abrir una etapa de mayor fiscalización, pero no debe convertirse en una guerra personal. El objetivo no es reemplazar protección por persecución, sino garantizar independencia judicial, transparencia contable y responsabilidad institucional.
Reflexión final
El fútbol argentino no necesita dirigentes intocables ni presidentes que utilicen los expedientes como armas. Necesita reglas uniformes para todos.
Milei dice que dejará actuar a la justicia. Ahora corresponde que cumpla, que la AFA entregue información y que Tapia responda donde corresponde: no ante los micrófonos ni desde un palco, sino ante los tribunales. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).