Ayacucho no elegirá únicamente a un gobernador regional. Elegirá a quien manejará contrataciones, obras, presupuesto, inversiones y decisiones que condicionarán el desarrollo de toda una región. Por eso resulta especialmente preocupante que cinco candidatos que continúan en carrera arrastren condenas, investigaciones fiscales, sanciones administrativas o informes de control.
No todos los casos son jurídicamente equivalentes y corresponde hacer esa precisión. Una investigación no prueba culpabilidad, una sentencia apelada no es definitiva y una sanción administrativa no es una condena penal. Pero también sería irresponsable pedirle al elector que ignore antecedentes relevantes cuando se trata de personas que quieren administrar dinero público.
Omar Flores Yaros, de Perú Primero, registra dos condenas por negociación incompatible relacionadas con su paso por el Gobierno Regional de Ayacucho. Una de ellas derivó en una pena de cuatro años y dos meses de prisión. Para las elecciones de 2026 acreditó rehabilitación judicial y el pago de reparaciones civiles, y el JNE terminó admitiendo su candidatura.
Román Quispe Congacha, de Batalla Perú, registra una sentencia de primera instancia por colusión menor que actualmente se encuentra apelada. Además, su trayectoria judicial incluye antecedentes vinculados a una licitación de S/9,47 millones para la construcción de instituciones educativas.
Renol Pichardo, de Podemos Perú, figura en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción vinculada al caso “Los sagaces de gestión de obras”, una pesquisa sobre presunto direccionamiento, sobrevaloración y desvío de recursos públicos. No existe condena acreditada en su contra por este caso, pero la investigación merece escrutinio público.
Eduardo Huacoto, de APP–Trabaja Ayacucho, registra sanciones administrativas por actuaciones vinculadas a la gestión pública. Y Pabel Bellido, de Libertad Popular, aparece comprendido en un informe de Contraloría relacionado con una obra en Cangallo donde se determinó un perjuicio de S/1,9 millones.
El problema no es menor: hablamos de aspirantes a gobernar una región donde las obras públicas, las contrataciones y la ejecución presupuestal son precisamente espacios sensibles a la corrupción y al uso discrecional del poder.
Entonces cabe preguntar: ¿este es el nivel de exigencia de los partidos?
Las organizaciones políticas suelen escudarse en que sus candidatos “están habilitados”. Pero la legalidad no puede ser la única vara. Estar habilitado no significa estar libre de cuestionamientos, y mucho menos ser automáticamente idóneo para gobernar.
Perú Primero, Batalla Perú, Podemos Perú, APP–Trabaja Ayacucho y Libertad Popular deben explicar qué filtros aplicaron, qué antecedentes evaluaron y por qué consideran que estos candidatos representan la mejor opción para administrar recursos públicos.
Reflexión final
Ayacucho merece una campaña centrada en propuestas, capacidad y transparencia, no una competencia donde el elector tenga que comparar expedientes judiciales, sanciones e investigaciones antes de leer un plan de gobierno.
Si los partidos no hacen su trabajo de selección, trasladan toda la carga al ciudadano. Y cuando la urna se convierte en el último filtro de idoneidad, la política ya ha fallado mucho antes del día de la elección. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).