Movilizar más de 4 mil policías y militares puede producir una imagen de autoridad. Lo que no produce, por sí solo, es una política de seguridad. El llamado Plan Escudo despliega efectivos en rutas, paraderos y patios de maniobra de Lima mientras continúan los atentados contra transportistas. El dato más duro es imposible de maquillar: entre agosto de 2024 y julio de 2026 se registraron 240 ataques contra el transporte público en Lima y Callao, con 162 fallecidos y 158 heridos. Si después de semejante balance la respuesta sigue siendo únicamente poner más uniformes en la calle, el problema no es falta de personal: es falta de estrategia.
Keiko Fujimori corre el riesgo de repetir el mismo error de sus antecesores: enfrentar una crisis estructural con medidas parciales, estados de emergencia y operativos de impacto. Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar ya demostraron que improvisar contra el crimen no alcanza. Cambian los nombres de los planes, cambian los ministros y cambian los discursos, pero los extorsionadores siguen cobrando cupos y los sicarios siguen disparando.
El Plan Escudo incorpora 4 mil efectivos y otros 100 policías especializados en inteligencia. Bien. Pero la criminalidad no se derrota contando patrulleros ni fotografiando militares en paraderos. Se necesita un Plan Nacional de Lucha contra la Criminalidad con objetivos medibles, inteligencia integrada, persecución financiera, control penitenciario, fortalecimiento fiscal y judicial, protección a víctimas y transportistas, coordinación municipal y lucha contra la corrupción policial.
Además, el enfoque vuelve a revelar el añejo centralismo limeño. Mientras Lima recibe operativos reforzados, ¿qué estrategia equivalente existe para Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Ica, Chimbote o las demás ciudades donde la extorsión también golpea negocios, familias y transportistas? La delincuencia ya entendió hace tiempo que el Perú no termina en la capital. Parece que algunas autoridades todavía no.
Los ataques continúan incluso durante la ejecución del Plan Escudo. Conductores baleados, explosivos contra unidades y nuevas amenazas demuestran que la presencia disuasiva puede ayudar, pero no sustituye investigación, captura, procesamiento y desarticulación de las organizaciones.
El Gobierno necesita dejar de administrar la inseguridad como una sucesión de emergencias. Sin una estrategia nacional articulada, cada operativo será apenas un parche sobre una crisis que crece.
Reflexión final
La delincuencia sí tiene planificación: identifica víctimas, controla territorios, recauda dinero y ejecuta amenazas. Si el Estado responde sin un plan nacional, la ventaja estratégica ya está del lado equivocado. Porque en seguridad, sin plan no hay resultados; solo anuncios, patrullajes y nuevas víctimas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).