El Congreso peruano vuelve a demostrar que la austeridad tiene límites bastante flexibles cuando la comodidad parlamentaria entra en escena. Según información corroborada por La República, el Legislativo adjudicó a Claro un contrato por S/219 mil para alquilar 190 celulares con líneas móviles durante dos años, destinados a facilitar la asistencia y votación remota de senadores y diputados.
Sí, mientras miles de trabajadores cruzan ciudades enteras para cumplir su jornada, el Parlamento invierte dinero público para garantizar que sus representantes puedan conectarse desde lejos. La modernidad llegó al Congreso: ahora la ausencia también tiene plan de datos.
Los equipos cuentan con tecnología 4G, 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Todo impecable. El problema no es la ficha técnica del teléfono. El problema es la filosofía que acompaña la compra: hacer más cómoda una modalidad cuestionada precisamente porque facilita los escaños vacíos y las votaciones a distancia.
La diputada Indira Huilca ha presentado un proyecto para que la presencialidad vuelva a ser la regla y la virtualidad quede reservada a enfermedad o viajes autorizados. La propuesta busca cortar una costumbre que deterioró todavía más la imagen del Parlamento: congresistas conectados, pero ausentes del debate; presentes en el sistema, pero invisibles en la deliberación.
Y mientras el Congreso discute cómo recuperar presencialidad, ya gastó S/219 mil para asegurar la virtualidad. La contradicción es tan clara que casi parece política de Estado.
Que nadie confunda crítica con rechazo a la tecnología. Un celular institucional puede ser útil para emergencias, seguridad, coordinación o contingencias. Lo cuestionable es convertir un recurso excepcional en infraestructura permanente para no estar físicamente donde corresponde.
El ciudadano común paga movilidad, pierde horas en tráfico y debe justificar una tardanza. El parlamentario puede recibir un equipo financiado por todos para conectarse desde cualquier lugar. Una curiosa democracia: el elector acude presencialmente a votar, pero el elegido podría ejercer cómodamente desde una pantalla.
El Congreso debe explicar no solo cuánto cuesta el contrato, sino por qué resulta indispensable, quién controla el uso de los equipos y qué ocurrirá si la presencialidad finalmente se impone por ley.
Reflexión final
Los S/219 mil no quebrarán al Estado. Pero sí retratan prioridades. Un Parlamento golpeado por la desconfianza debería invertir en legitimidad, transparencia y calidad legislativa. En cambio, prefiere garantizar cobertura, batería y conectividad. En el Congreso peruano, la distancia con la ciudadanía ya no es solo política: ahora también viene con plan corporativo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).