A un mes del sismo que golpeó Pumpunya, en Junín, existe una cifra capaz de resumir mejor que cualquier discurso la velocidad de respuesta del Estado: 500 módulos temporales prometidos por la presidenta Keiko Fujimori y apenas 48 trasladados e instalados. Menos del 10%. Para la promesa bastaron minutos; para cumplirla, al parecer, ni treinta días alcanzan.
Fujimori llegó a la zona afectada el 31 de julio y anunció los módulos para las familias damnificadas. La expectativa era elemental: si el Estado declara una emergencia y la propia jefa de Estado compromete una solución, esta debería ejecutarse con carácter extraordinario. Pero Pumpunya está descubriendo una vieja especialidad nacional: la emergencia para el damnificado es inmediata; para la burocracia, tiene horario de oficina.
Y no estamos hablando de una incomodidad pasajera. La emergencia se amplió hasta alcanzar 20 distritos, alrededor de 3.500 viviendas destruidas o inhabitables y unas 15.000 personas afectadas. Familias continúan refugiándose en carpas y estructuras improvisadas mientras esperan que el anuncio presidencial finalmente se convierta en techo.
La espera, además, ya tiene consecuencias humanas. Felisa Román de Chambergo, de 75 años, falleció de neumonía después de permanecer en una carpa tras quedar inhabitable su vivienda. Su hijo relató que tuvo que comprar con sus propios S/150 una carpa usada y plástico para proteger a sus padres.
La escena debería avergonzar a cualquier administración pública: el ciudadano damnificado financiando su propio refugio mientras espera la ayuda que el Estado prometió públicamente.
Como si faltaran explicaciones burocráticas, todavía existen viviendas pendientes de validación por el Ministerio de Vivienda. Las municipalidades necesitan demoler inmuebles peligrosos y preparar terrenos, pero dependen de inspecciones y procedimientos previos. El terremoto derribó paredes en segundos; reconstruir la capacidad de reacción estatal parece bastante más complicado.
Y ahora viene el siguiente examen: las lluvias. Ya se ha advertido que las carpas utilizadas actualmente no soportarán precipitaciones intensas. Esta vez nadie podrá decir que no estaba avisado.
La presidenta prometió 500 módulos. Después de un mes, Pumpunya tiene 48. El 90% restante no puede seguir viviendo dentro de una declaración política.
Reflexión final
Visitar una emergencia, ponerse frente a las cámaras y anunciar soluciones es la parte sencilla de gobernar. La verdadera gestión comienza cuando las cámaras se retiran.
Keiko Fujimori puso la cifra: 500. Ahora su Gobierno tiene la obligación de cumplirla. Porque una promesa presidencial que no llega a tiempo no protege del frío, no detiene la lluvia y, sobre todo, no reemplaza un techo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).