Nueve relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los riesgos que el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori podría generar sobre el ambiente y los derechos humanos. La advertencia coloca bajo observación internacional una propuesta que, bajo el atractivo envoltorio de la “simplificación”, podría debilitar controles ambientales, derechos colectivos y libertades ciudadanas.
Los expertos no rechazan la eficiencia administrativa. Reconocen que acelerar procedimientos es un objetivo legítimo. Lo que cuestionan es que la velocidad termine atropellando a pueblos indígenas, comunidades campesinas, poblaciones rurales y ciudadanos que ejercen su derecho a protestar.
La primera alerta se concentra en el silencio administrativo positivo para las certificaciones ambientales. Según la propuesta, si la autoridad no responde dentro del plazo establecido, una solicitud podría considerarse aprobada. Así, un proyecto potencialmente dañino recibiría luz verde no porque haya demostrado ser seguro, sino porque alguna oficina dejó correr el calendario.
Convertir el silencio estatal en permiso automático sería una peculiar innovación: la ineficiencia ya no retrasaría una inversión, sino que podría autorizarla. El ambiente, mientras tanto, tendría que esperar que alguien se digne a evaluar el daño después de producido.
La ONU también advierte sobre posibles modificaciones vinculadas con bosques, concesiones forestales, agua, minería, hidrocarburos, pesca y áreas naturales protegidas. La preocupación central es que se releguen la consulta previa, la participación ciudadana y el principio de precaución.
En materia de derechos humanos, los relatores cuestionan una posible ampliación de la participación militar en protestas. El Perú ya conoce las consecuencias de responder al descontento social con fuerza desproporcionada. También preocupa el rastreo y la geolocalización de celulares, porque podrían desalentar reuniones legítimas y afectar la privacidad.
El fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia y una definición demasiado amplia del terrorismo completarían un escenario peligroso. Sin controles rigurosos, dirigentes sociales, sindicatos, periodistas y defensores ambientales podrían terminar tratados como amenazas por cumplir su función democrática.
El Gobierno respondió que la preocupación es prematura porque el proyecto todavía no se ha convertido en ley. Sin embargo, no contestó concretamente las siete preguntas de los relatores. Explicó el procedimiento, pero evitó explicar las garantías. Magnífica clase de trámite; escasa lección de transparencia.
El Congreso debe revisar cada facultad, exigir estudios técnicos y excluir cualquier disposición que amenace el ambiente o limite derechos fundamentales. La urgencia no puede sustituir al debate democrático.
Reflexión final
Cuando la ONU advierte que una reforma podría afectar derechos humanos, el Gobierno no debe refugiarse en tecnicismos. Las libertades y los ecosistemas rara vez desaparecen de golpe; suelen debilitarse mediante excepciones, silencios y normas ambiguas. Prevenir no es exagerar: es evitar que mañana la autoridad afirme que nadie la alertó. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).