UEFA y Concacaf han colocado sobre la mesa una exigencia que desnuda una contradicción incómoda: mientras numerosas federaciones nacionales sobreviven con infraestructura precaria, escaso desarrollo juvenil y presupuestos insuficientes, la FIFA está por cerrar el ciclo 2023-2026 con reservas cercanas a los 6.000 millones de dólares. Aleksander Čeferin y Victor Montagliani solicitan que cada una de las 211 asociaciones afiliadas reciba, al menos, diez millones de dólares durante el periodo 2027-2030. La propuesta obliga a preguntar para quién trabaja realmente la riqueza del fútbol.
La operación demandaría aproximadamente 2.100 millones de dólares. Según los cálculos presentados por ambas confederaciones, semejante distribución no pondría en riesgo la estabilidad financiera de la FIFA, que conservaría reservas cercanas a los 1.500 millones durante el próximo ciclo. No se trataría, por tanto, de vaciar las arcas, sino de devolver parte de los ingresos a quienes sostienen el sistema.
La iniciativa también cuestiona el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, impulsado por Gianni Infantino para abrir determinados negocios vinculados con sus competiciones a inversionistas privados. Si existen recursos propios suficientes para fortalecer a las federaciones, resulta legítimo preguntar por qué se pretendía compartir el patrimonio comercial del fútbol con capitales externos. Privatizar para “liberar potencial” mientras se acumulan reservas históricas parece una explicación que requiere mucha más transparencia.
Pero tampoco debe confundirse distribución con impunidad. Diez millones de dólares entregados sin controles pueden construir centros de formación o alimentar administraciones deficientes. Cada desembolso debería estar condicionado a presupuestos públicos, auditorías independientes, metas verificables y proyectos destinados a infraestructura, divisiones menores, fútbol femenino, capacitación y desarrollo regional.
Además, las elecciones presidenciales de marzo de 2027 convierten cualquier reparto en un asunto políticamente sensible. Cada federación posee un voto. Sin reglas objetivas, el dinero destinado al desarrollo podría terminar percibiéndose como una herramienta para consolidar lealtades.
La FIFA debe responder con claridad. Si sus reservas permiten distribuir al menos diez millones de dólares a cada asociación sin comprometer su estabilidad, debe presentar un programa transparente, equitativo y fiscalizable. La abundancia guardada en Zúrich carece de sentido mientras el fútbol de base reclama oportunidades.
Reflexión final
El verdadero poder económico no se demuestra acumulando millones, sino administrándolos con justicia. Pero repartir sin vigilancia tampoco democratiza: apenas cambia de manos la opacidad. Los recursos del fútbol deben volver al fútbol, acompañados de controles que impidan convertir el desarrollo en recompensa electoral. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).