En el Congreso peruano, algunos aportes de campaña parecen haber producido una rentabilidad extraordinaria: primero se financia al candidato y después se consigue un lugar en su despacho, con una remuneración pagada por todos los ciudadanos. Investigaciones de OjoPúblico y Punto Final revelaron que 27 parlamentarios contrataron como asesores, técnicos o auxiliares a más de 30 personas que previamente contribuyeron económicamente con sus postulaciones. La coincidencia puede tener explicaciones, pero su repetición ya no parece una simple casualidad.
Fuerza Popular encabeza la relación difundida: 18 aportantes fueron incorporados a las oficinas de 14 parlamentarios. También aparecen legisladores de Renovación Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno. La cuestionada práctica atraviesa bancadas y confirma que, cuando se trata de distribuir puestos pagados por el Estado, las diferencias ideológicas pueden volverse sorprendentemente pequeñas.
Las contrataciones no constituyen por sí solas una prueba de delito. Sin embargo, la ausencia de una infracción penal no entrega automáticamente un certificado de ética. Cuando quien aportó dinero a una campaña termina recibiendo un sueldo público en el despacho del beneficiario, existe una sombra de posible retribución política que exige algo más convincente que invocar una relación de confianza.
La confianza podrá justificar la cercanía, pero no reemplaza la idoneidad, la experiencia ni la transparencia. Mucho menos cuando algunas remuneraciones alcanzan montos que miles de peruanos no reciben después de años de trabajo. El contribuyente no tiene por qué financiar agradecimientos electorales ni convertirse, sin haber sido consultado, en pagador de supuestas deudas políticas.
Los parlamentarios involucrados deben explicar cómo seleccionaron a esos trabajadores, qué perfiles evaluaron, cuáles son sus funciones y qué resultados justifican sus salarios. Si fueron contratados por méritos profesionales, demostrarlo debería ser sencillo. Si esa información no existe o permanece escondida, la sospecha seguirá creciendo.
El Congreso legisla sobre meritocracia, fiscaliza contrataciones públicas y exige explicaciones a otras instituciones. Por coherencia, debe aplicar dentro de sus despachos el mismo rigor que reclama hacia afuera. La Contraloría, los órganos administrativos parlamentarios y las autoridades electorales deben revisar estos casos y determinar si existieron favorecimientos o irregularidades.
Reflexión final
La democracia no puede convertirse en un sistema de puntos donde cada aporte de campaña se canjea luego por un escritorio, una credencial y un sueldo estatal. Financiar una candidatura no debe ser una inversión laboral ni el Congreso una agencia de empleos para colaboradores políticos. Cuando la gratitud partidaria se paga con dinero público, la factura termina, una vez más, en manos del ciudadano. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).