Treinta y tres víctimas y sobrevivientes del Sodalicio y de entidades vinculadas a su fundador han pedido al papa León XIV una reunión durante su próxima visita al Perú. Su reclamo merece una respuesta: dicen que no perciben avances suficientes en justicia ni rendición de cuentas. Para quienes han esperado durante años, el silencio institucional no es una pausa administrativa. Es otra puerta cerrada.
La Santa Sede suprimió el Sodalicio de Vida Cristiana en 2025, después de denuncias de abusos e investigaciones. Su fundador, Luis Fernando Figari, había sido expulsado en 2024. Fueron decisiones relevantes. Pero suprimir una institución no responde, por sí solo, qué ocurrió con todas las denuncias, quiénes deben rendir cuentas y cómo se reparará a quienes sufrieron daños. Un decreto puede cerrar una estructura jurídica; no cierra automáticamente las heridas.
En su carta abierta, los firmantes sostienen que remanentes del movimiento continúan operando en locales vinculados a su antigua organización, con dirigentes y fuentes de financiamiento que identifican como los mismos. La denuncia exige una verificación independiente y una explicación pública de las autoridades eclesiales. Si la supresión produjo cambios efectivos, corresponde mostrarlos. Y si existen problemas pendientes, esconderlos bajo un nuevo membrete no resolverá ninguno.
Los sobrevivientes afirman que han solicitado reuniones desde el inicio del pontificado y que no recibieron respuesta a esos pedidos. La agenda de una visita puede ser compleja y depender también de la salud del papa. Pero responder no debería ser una misión imposible. Una institución capaz de organizar ceremonias para miles de personas puede encontrar una manera respetuosa de atender a quienes piden ser escuchados.
León XIV ha escuchado anteriormente a víctimas vinculadas al caso, según testimonios recogidos por la prensa. Ese antecedente hace razonable esperar continuidad: una reunión sería un gesto valioso, pero necesita acompañarse de compromisos verificables sobre verdad, prevención y reparación. La compasión no se mide únicamente por la duración de un encuentro.
La Iglesia debe informar qué medidas adoptó, cómo supervisa las entidades relacionadas y qué mecanismos de reparación ofrece. El Estado, por su parte, debe investigar las denuncias que correspondan, proteger a las víctimas y garantizar acceso a la justicia. Ninguna autoridad debería confundir prudencia con indiferencia.
Reflexión final
Escuchar no obliga a prometer lo imposible. Obliga a reconocer a quien ha pedido justicia. Si la visita papal busca llevar un mensaje de esperanza, las víctimas del Sodalicio merecen saber que también hay un lugar para ellas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).