«Ya hicieron el mandado». La acusación de Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, exige esclarecer un partido cuyas decisiones arbitrales quedaron seriamente cuestionadas. Juan Pablo II ganó 2-0, pero el marcador no clausura la discusión sobre el penal contra Huancayo, la acción reclamada a su favor y la amarilla a Carhuallanqui. La actuación de Bruno Pérez debe someterse a una investigación técnica documentada. El arbitraje también tiene que rendir cuentas.
El penal y la segunda amarilla a Hugo Ángeles tuvieron consecuencias concretas: una oportunidad de gol para Juan Pablo II y un jugador menos para Huancayo. Corresponde explicar qué contacto justificó cada decisión. Una evaluación rigurosa no puede limitarse a repetir que el árbitro interpretó la jugada: precisamente esa interpretación está bajo cuestionamiento.
La acción reclamada como penal a favor de Huancayo merece el mismo examen; fue un claro penal que se vio en la repetición y el VAR brilló por su ausencia. La Comisión Nacional de Árbitros debe mostrar qué observó y por qué consideró insuficiente el contacto. Aplicar criterios distintos exige justificar diferencias reglamentarias. La coherencia no puede depender de cuál camiseta recibe la sanción.
También debe revisarse la entrada de Carhuallanqui, jugador de Juan Pablo II. Si la intensidad, el punto de contacto y el riesgo para el adversario justificaban una expulsión, mostrar únicamente amarilla permitió continuar a un jugador que debía abandonar el campo. Ese posible error no es un detalle: afecta seguridad y equilibrio competitivo.
La investigación debe comprender al equipo arbitral del VAR. Audios, imágenes y comunicaciones permitirían establecer qué se revisó y por qué se decidió intervenir o abstenerse. La tecnología no puede funcionar como escudo de decisiones que después nadie explica.
Pellejero no se calló la injusticia. Pero sería un escándalo que las autoridades mostraran mayor diligencia para sancionar sus palabras que para investigar el arbitraje. Cualquier procedimiento disciplinario debe respetar garantías y justificarse; utilizarlo para desalentar reclamos sería una represalia institucional inaceptable.
Las decisiones cuestionadas tuvieron efectos adversos para Huancayo; determinar cuáles fueron incorrectas exige una revisión independiente y pública. Bruno Pérez y el equipo arbitral del VAR deben ser evaluados e investigados con rigor. Los errores graves acreditados requieren consecuencias, y cualquier indicio de actuación deliberada debe investigarse.
Reflexión final
La Liga 1 no recuperará credibilidad castigando el ruido y dejando intactas las dudas. Pellejero responde por lo que acusa; las autoridades, por cómo investigan. El hincha merece una competición donde reclamar no sea más peligroso que equivocarse al decidir. La transparencia debe proteger al campeonato, no la comodidad de quienes lo administran. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).