El transfuguismo por conveniencia desprecia al elector: utiliza su voto para conquistar un escaño y después trata el compromiso electoral como material desechable. La campaña ofrece lealtad; el cargo descubre repentinas diferencias. El representante conserva sueldo, despacho y poder. Al ciudadano le corresponde escuchar explicaciones. Cuando los principios cambian según las oportunidades, la política deja de representar convicciones y empieza a administrar conveniencias.
En 2000, Alberto Kouri mostró la expresión más degradante de esa práctica. Elegido por Perú Posible, fue grabado recibiendo 15.000 dólares de Vladimiro Montesinos para incorporarse al oficialismo. El video difundido el 14 de septiembre expuso una operación de compra de adhesiones. Kouri fue condenado por corrupción: su caso convirtió la traición al mandato electoral en evidencia judicial.
Durante el periodo 2021–2026, Héctor Acuña, Hamlet Echeverría, Guillermo Bermejo y Nieves Limachi encabezaron un recuento de cambios de bancada. Esos desplazamientos merecen escrutinio político, sin atribuirles por ello pagos ilícitos ni equipararlos con Kouri.
En el actual Congreso bicameral, Jorge Gavidia fue identificado como el primer legislador en anunciar su renuncia a una bancada. Dejó el Partido del Buen Gobierno tras discrepancias sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. El senador alegó diferencias doctrinarias, rechazó el calificativo de tránsfuga y anunció su permanencia en el Grupo Mixto.
Gavidia debe responder una pregunta que también compromete a su antiguo partido: si las diferencias eran conocidas desde su incorporación, como sostiene, ¿qué acuerdo político justificó presentarse juntos? Los electores merecen saber si respaldaron un proyecto compartido o una coincidencia útil para superar las elecciones.
Disentir es legítimo. Nadie debe obediencia ciega a una dirigencia. Pero la libertad de conciencia exige razones consistentes, no una declaración que cierre cualquier examen. La coherencia se acredita comparando promesas, decisiones y votos posteriores. Autoproclamarse independiente resulta sencillo; demostrar independencia frente al poder requiere bastante más.
Los partidos tampoco son víctimas inocentes de todas sus rupturas. Deben responder por sus candidaturas y por la solidez de sus acuerdos. Reclutar primero y discutir principios después es una receta para defraudar expectativas. La improvisación electoral no queda absuelta porque termine en una disputa pública.
Igualmente cuestionable es condenar las deserciones propias y cortejar las ajenas. Si una bancada celebra aquello que denuncia cuando pierde integrantes, su preocupación parece depender del resultado de la suma. Una mayoría puede ganar votos y perder autoridad moral.
La Caja Negra rechaza el cambio de lealtades orientado a obtener ventajas personales. Exige explicaciones públicas, transparencia sobre acuerdos y fiscalización de los beneficios que pudieran acompañar cada desplazamiento. Las sospechas deben investigarse con pruebas; las responsabilidades políticas deben discutirse sin evasivas.
Reflexión final
La democracia necesita representantes capaces de disentir y obligados a rendir cuentas. Ambas exigencias deben cumplirse juntas.
El voto ciudadano no es un préstamo para financiar ambiciones personales. Quien pide confianza para llegar al Congreso debe explicar cómo la honra después. Porque conservar legalmente el escaño nunca será suficiente para conservar la legitimidad ante sus electores. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).