Ocho regiones podrían quedar bajo el mando de candidatos que declararon condenas en sus hojas de vida. El dato exige una pregunta que los partidos no deberían esquivar: ¿qué criterios utilizan para escoger a quienes administrarán recursos públicos y tomarán decisiones que afectan a millones de personas? Según una investigación de RPP, dos postulantes se perfilaban como ganadores en primera vuelta y otros seis disputarían la gobernación el 6 de diciembre. La legalidad de una candidatura no debería clausurar el examen de su trayectoria.
En Huánuco, Rosalí Leandro Tarazona, de País para Todos, declaró una condena por agresiones contra la mujer y maltrato psicológico. El candidato atribuyó lo sucedido a un problema familiar. Esa explicación merece un cuestionamiento: reducir la violencia a una dificultad de pareja minimiza una realidad que exige protección y justicia para las víctimas.
En Ucayali, Sandro Acosta Villavicencio, de Somos Perú, declaró una condena por conducción en estado de ebriedad y resistencia a la autoridad. El postulante sostiene que aprendió de lo ocurrido. Sus declaraciones y antecedentes deben ser conocidos por los electores y evaluados en su contexto.
Los otros seis postulantes identificados por RPP competirían en segunda vuelta: Moisés Gonzáles Cruz, en Cajamarca; Arnoldo Mallma Auqui, en Junín; Segundo Ruiz Rubio, en Tacna; Alfredo Zegarra Tejada, en Arequipa; Luis Arévalo Guerrero, en Tumbes; y Rolando Barboza, en Lambayeque. Sus antecedentes corresponden a hechos y decisiones judiciales diferentes; algunos han ofrecido explicaciones y cuestionado cómo se interpretan sus casos. El ciudadano tiene derecho a conocer sus respuestas y revisar las resoluciones correspondientes.
La rehabilitación puede permitir la participación política en determinados supuestos. No todas las condenas generan el mismo impedimento y algunas restricciones tienen reglas específicas. Sería incorrecto afirmar que toda candidatura de una persona condenada es ilegal. La justicia debe aplicarse caso por caso, respetando también los derechos reconocidos.
Pero cumplir la ley es el punto de partida, no un diploma de idoneidad. Los partidos deben evaluar trayectorias y explicar sus decisiones. Si su único filtro consiste en comprobar que el JNE permite postular, su compromiso ético se parece demasiado a una ventanilla de trámites.
Las organizaciones políticas deben responder por las candidaturas que respaldan; las autoridades electorales, verificar y facilitar información clara. La ciudadanía debe poder comparar antecedentes, explicaciones y propuestas sin que la propaganda esconda preguntas incómodas.
Reflexión final
Antes de entregar una gobernación, los electores merecen conocer qué ocurrió, qué resolvió la justicia y cómo responde cada candidato. Las regiones necesitan autoridades capaces de rendir cuentas. El poder no borra una trayectoria: obliga a explicarla. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).