Más de 188 mil denuncias en nueve meses: el Perú tiene motivos para exigir respuestas, no otra ceremonia de indignación. La violencia contra las mujeres necesita atención permanente, aunque no haya un caso ocupando las pantallas. El Estado invita a denunciar; debe demostrar que está preparado para proteger después. De poco sirve abrir una ventanilla si, al salir, la persona continúa enfrentando el mismo peligro.
El Ministerio Público registró 188.563 denuncias entre enero y septiembre por agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar, según cifras difundidas por Panamericana y recogidas por Infobae. Esa precisión es indispensable: el total no corresponde exclusivamente a mujeres ni necesariamente a víctimas distintas. La magnitud del registro exige rigor y actuación, sin necesidad de inflar el dato.
La pregunta empieza donde termina la estadística: ¿qué respuesta recibió cada denuncia? Evaluar el riesgo, investigar y ejecutar medidas de protección requiere personal, coordinación y seguimiento. Una autoridad no cumple únicamente porque tomó una declaración. El expediente puede estar completo mientras la protección sigue incompleta. Extraordinaria eficiencia administrativa, si lo que se buscaba era producir papeles.
El 53% de las denuncias se concentra en ocho distritos fiscales: Lima Norte, Este, Sur y Centro, Arequipa, Lambayeque, Cusco y La Libertad. Esa información debe traducirse en recursos y capacidad de respuesta. Publicar dónde se acumulan los casos sin explicar cómo se reforzará la atención convierte el diagnóstico en una cómoda descripción del problema.
Policía, Fiscalía, juzgados, servicios de salud y Ministerio de la Mujer deben responder dentro de sus competencias. Sus diferencias institucionales no pueden convertirse en excusas para trasladar a la víctima de oficina en oficina. Quien pide ayuda no necesita convertirse en especialista en el organigrama del Estado.
También corresponde cuestionar los prejuicios que minimizan una agresión o reprochan a una mujer no haberse alejado antes. El miedo y la dependencia económica requieren apoyo. Utilizarlos para responsabilizarla desplaza la atención de quien agrede y añade otra barrera para denunciar.
Las autoridades deben publicar tiempos de respuesta, cumplimiento de medidas y resultados del seguimiento. Las posibles omisiones necesitan investigación y responsabilidades acreditadas. La protección debe funcionar para todas, con independencia de su exposición mediática o sus recursos.
Una campaña que pide romper el silencio compromete al Estado a escuchar y actuar.
Reflexión final
Las denuncias no son una prueba de que el problema quedó atendido. Son pedidos que exigen respuesta. Si el Estado reclama confianza, debe demostrar que denunciar abre una salida de la violencia. De lo contrario, estará pidiendo valentía a las víctimas mientras posterga sus propias obligaciones. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).