En el Perú, una mujer o una niña puede desaparecer, pero el presupuesto para buscarla parece extraviarse primero en los pasillos del Estado. Más de 45 mil denuncias por desaparición entre enero de 2023 y mayo de 2025 deberían haber encendido todas las alarmas institucionales. Pero aquí la alarma suena bajo, tarde y con trámite previo. Mientras las familias buscan entre comisarías, morgues, hospitales y redes sociales, el Estado ejecuta menos de la mitad del presupuesto destinado a responder. La indiferencia, cuando se administra con sello oficial, también mata.
El dato es una bofetada: el Programa de Seguridad Ciudadana ejecutó apenas el 48,4% de los recursos asignados. No hablamos de pintar bancas ni cambiar letreros. Hablamos de buscar mujeres y niñas desaparecidas, de actuar en las primeras horas, de impedir que una ausencia termine convertida en tragedia. Pero la burocracia peruana parece haber descubierto una forma cruel de desaparecer dos veces a las víctimas: primero en la calle, luego en el presupuesto no ejecutado.
Solo el 52% de personas reportadas como desaparecidas fue ubicada. Las adolescentes de 12 a 17 años concentran casi la mitad de los casos. ¿Cuántas horas se perdieron por falta de logística? ¿Cuántas pistas se enfriaron por falta de personal? ¿Cuántas familias escucharon el clásico “espere” cuando lo que necesitaban era acción inmediata? El Estado habla de protocolos, líneas de ayuda y campañas, pero sin recursos ejecutados todo eso se vuelve decoración institucional: papel bonito para una emergencia real.
Lo más insultante es que el presupuesto general creció, pero no se tradujo en mejor capacidad operativa. Es decir, dinero hubo; decisión, no. Y cuando hay dinero disponible pero no se usa para proteger vidas, ya no estamos ante incapacidad simple. Estamos ante una jerarquía moral fallida, donde la vida de mujeres y niñas no parece ocupar el lugar de urgencia que merece.
No basta con leyes, declaraciones ni discursos de sensibilidad. La búsqueda exige presupuesto ejecutado, policías entrenados, tecnología, movilidad, coordinación inmediata y sanciones para quienes duermen expedientes mientras las familias viven una pesadilla.
Reflexión final
Más de 45 mil denuncias no son números: son nombres, rostros y hogares partidos por la angustia. Un Estado que no ejecuta ni la mitad del presupuesto para buscar a sus desaparecidas no puede hablar seriamente de protección, justicia ni igualdad. Puede hablar de cualquier cosa, menos de prioridad. Porque cuando una niña desaparece y el dinero para buscarla queda inmóvil, la negligencia deja de ser administrativa y se convierte en una vergüenza nacional. (Foto: Panamericana.pe).