El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en el marco de una investigación por presunta colusión agravada. La medida busca asegurar su presencia mientras la Fiscalía indaga posibles irregularidades en la contratación del transporte de material electoral. No es un detalle menor: ocurre tras una elección marcada por demoras y cuestionamientos. Cuando quien organizó el proceso queda bajo sospecha, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser institucional.
Según la Fiscalía, hubo indicios de un posible favorecimiento a la empresa Galaga S.A.C. en la adjudicación del servicio logístico electoral. Se mencionan cambios en los términos de referencia, limitaciones para impugnar resultados y decisiones concentradas en pocos funcionarios. Si estos hechos se confirman, no estaríamos ante simples errores administrativos, sino frente a un problema más serio: decisiones que habrían afectado la transparencia de un proceso clave para la democracia.
El impedimento de salida responde a un criterio básico en este tipo de casos: evitar el riesgo de fuga y garantizar que los investigados participen en diligencias como peritajes de equipos y revisión de documentos incautados. La defensa de Corvetto se allanó a la medida, lo que puede interpretarse como una señal de colaboración. Sin embargo, el debate no debe centrarse únicamente en su conducta personal, sino en lo que este caso revela sobre el funcionamiento del sistema electoral.
Las elecciones del 12 de abril ya habían dejado dudas en la opinión pública por retrasos en la distribución de material y fallas logísticas. Ahora, con una investigación penal en curso, esas dudas se profundizan. La confianza en el proceso electoral no se sostiene solo con resultados oficiales; se sostiene con procedimientos claros, decisiones verificables y autoridades que respondan sin ambigüedades.
También es necesario evitar dos extremos. Ni blindar a las instituciones como si estuvieran por encima de cualquier control, ni convertir cada investigación en una herramienta de desgaste político. La justicia debe actuar con independencia, pero también con responsabilidad, porque cada paso que se da en este caso impacta directamente en la percepción ciudadana.
El impedimento de salida contra Piero Corvetto no es una condena, pero sí una señal de que existen elementos que deben investigarse con seriedad. La transparencia del proceso electoral exige que todas las dudas se aclaren sin atajos ni silencios.
Reflexión final
Cuando la autoridad encargada de garantizar el voto termina cuestionada, el problema no es solo jurídico, es democrático. La única salida posible es la verdad completa. Porque en un país donde la confianza ya es frágil, cada sombra sobre las elecciones pesa más que cualquier resultado. (Foto: LR).