El Perú recibió una noticia que debería avergonzar a toda su clase política: hay 2,3 millones más de pobres que en 2019. Según el INEI, la pobreza alcanzó en 2025 al 25,7% de la población, equivalente a más de 8,8 millones de peruanos. Es cierto que la cifra bajó respecto al 2024, pero esa mejora no alcanza para ocultar lo esencial: el país sigue muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Dicho de otro modo, el Perú no ha logrado recuperar seis años perdidos.
En 2019, la pobreza era de 20,2%. En 2025, sigue en 25,7%. La diferencia representa 5,5 puntos porcentuales más y más de 2 millones 337 mil personas adicionales viviendo en condición de pobreza. La pobreza extrema, por su parte, afecta al 4,7% de la población, es decir, a más de 1,6 millones de personas que no logran cubrir siquiera una canasta básica alimentaria valorizada en S/260 mensuales por persona.
Los departamentos más golpeados son Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco, todos con niveles superiores al 35%. Mientras tanto, un hogar de cuatro integrantes necesita al menos S/1.848 mensuales para no ser considerado pobre. Esa cifra, para millones de familias, no es un indicador técnico: es una frontera diaria entre sobrevivir y caer.
La pobreza no es una estadística fría. Es la madre que reduce comidas, el joven que abandona estudios, el adulto mayor que posterga medicinas, el niño que crece sin servicios básicos suficientes. Es también el resultado de años de desgobierno, corrupción, informalidad, baja productividad y políticas públicas que prometen inclusión, pero administran precariedad.
Lo más grave es que el Perú pasó de ser un referente regional en reducción de pobreza a convertirse en uno de los países que más lejos está de recuperar su nivel prepandemia. Mientras otros países de América Latina lograron avanzar con mayor rapidez, el Perú sigue atrapado entre crecimiento débil, empleo informal, servicios públicos deteriorados y una política más ocupada en blindajes, pugnas y cálculos electorales que en construir bienestar.
Desde esta tribuna, la posición es clara: ningún gobierno puede celebrar una reducción anual si el país sigue cargando con millones de pobres adicionales frente a 2019. La pobreza no se combate con bonos aislados, discursos compasivos ni anuncios de emergencia. Se combate con empleo formal, inversión, educación de calidad, salud oportuna, infraestructura, agua segura, seguridad ciudadana y un Estado que funcione.
El fracaso no pertenece a un solo gobierno. Es una cadena de responsabilidades acumuladas. Boluarte, Jerí, Balcázar, el Congreso, los gobiernos regionales y municipales: todos han formado parte de una maquinaria pública incapaz de convertir recursos en bienestar.
Hay 2,3 millones más de pobres que en 2019. Esa cifra debería ser portada, debate nacional y prioridad absoluta. Pero en el Perú la pobreza suele indignar menos que la pelea política del día. El país no necesita que sus autoridades administren la miseria con estadísticas convenientes. Necesita que la reduzcan con resultados reales. Porque cuando millones siguen atrapados en la pobreza, el fracaso no es de ellos. El fracaso es del Estado, de la política y de una dirigencia que todavía no entiende que gobernar no es ocupar cargos, sino cambiar vidas. (Foto: revistaideele.com).