La denuncia constitucional contra Roberto Sánchez avanza como avanzan muchas cosas en el Congreso peruano: con solemnidad de trámite, velocidad de tortuga y aroma a conveniencia política. El caso, referido a una presunta contratación irregular durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo, sigue sin fecha de debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Justo ahora, cuando Sánchez aparece como figura clave en la segunda vuelta, el expediente parece haber descubierto el cómodo arte de esperar.
La denuncia señala que, durante su paso por el Mincetur, Sánchez habría permitido la designación de un asesor que no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley del Servicio Civil. No hablamos de un chisme de pasillo ni de una intriga menor: hablamos de una acusación constitucional que involucra idoneidad, uso del poder y presunto favorecimiento en el Estado. En un país serio, eso se revisa con prontitud. En el Perú, se archiva en la fila de “ya veremos”.
Lady Camones, presidenta de la subcomisión, niega trato preferencial y atribuye la demora a la recarga de expedientes. La explicación podrá tener respaldo procedimental, pero políticamente suena pobre. El Congreso ha demostrado que puede correr como atleta olímpico cuando quiere blindar aliados, censurar enemigos, aprobar leyes de madrugada o mover piezas según el cálculo del momento. Pero cuando se trata de aclarar la situación de un candidato presidencial, de pronto aparece la agenda llena, el quórum difícil y el expediente cansado.
Eso sí: tampoco se trata de condenar anticipadamente a Roberto Sánchez. Tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Pero la ciudadanía también tiene derecho a no votar entre sombras, silencios y carpetas congeladas. La transparencia no puede depender del calendario electoral ni de la temperatura política del momento.
La denuncia debe avanzar con reglas claras, informe de calificación, fecha pública de debate y decisión sustentada. Ni blindaje silencioso ni linchamiento electoral. Lo mínimo que se exige es que el Congreso deje de administrar los expedientes como si fueran fichas de negociación.
Reflexión final
Cuando una denuncia duerme justo en campaña, la sospecha hace campaña sola. Y cuando el Congreso demora lo que debería aclarar, no protege la democracia: la deja atrapada entre el cálculo, la duda y la desconfianza. (Foto: lacajanegra.blog).