El Gobierno autorizó a Petroperú acceder a un préstamo privado de hasta US$2.000 millones, respaldado por garantías estatales, para sostener sus operaciones y evitar problemas de abastecimiento de combustibles. El discurso oficial insiste en que no habrá desembolso directo del Tesoro Público. Pero la pregunta incómoda sigue en pie: si Petroperú no paga, ¿quién asumirá finalmente el costo? La respuesta, aunque se disfrace de fideicomisos y tecnicismos, apunta al mismo bolsillo de siempre: el de todos los peruanos.
La medida se presenta como un “respiro” financiero, pero Petroperú lleva años respirando con oxígeno ajeno. Reuters reporta que la empresa arrastra alrededor de US$7.900 millones en deuda, registró US$774 millones en pérdidas el año pasado y ya ha recibido US$5.300 millones en apoyo estatal en los últimos tres años. Con esos antecedentes, llamar “no salvataje” a una garantía pública de hasta US$2.000 millones suena menos a prudencia fiscal y más a maquillaje semántico.
El Ejecutivo argumenta que la petrolera debe seguir operando porque tiene un rol clave en el abastecimiento nacional, especialmente en regiones donde la presencia privada es limitada. Ese punto no puede ignorarse. El país necesita combustible, estabilidad energética y seguridad de suministro. Pero una cosa es proteger el abastecimiento y otra muy distinta es seguir sosteniendo una empresa que parece haberse convertido en un barril sin fondo administrativo, financiero y político.
El problema no es solo la crisis global del petróleo ni el conflicto internacional que encarece el crudo. El problema es que Petroperú llega a cada emergencia debilitada por sus propias fallas: deudas enormes, pérdidas persistentes, problemas en Talara y una gobernanza que no termina de convencer. ProInversión administrará la estructura financiera y el primer tramo sería de hasta US$500 millones, pero la supervisión no sustituye la reforma profunda.
El aval estatal puede evitar un golpe inmediato en el abastecimiento, pero también posterga una discusión inevitable: ¿Petroperú es viable o solo se le está comprando tiempo con garantías que mañana podrían convertirse en deuda pública? El país merece claridad, no otra operación presentada como técnica para ocultar su riesgo político.
Reflexión final
Petroperú no puede seguir siendo una empresa donde las pérdidas se socializan y las responsabilidades se diluyen. Si el Estado avala, el ciudadano arriesga. Y cuando una empresa pública necesita rescates recurrentes para no caer, la pregunta ya no es cuánto dinero falta, sino cuánto más está dispuesto el país a perder antes de admitir que el modelo se agotó.