En el Perú, un auto puede convertirse en arma mortal y, aun así, la justicia parece encender las luces intermitentes. Atropellar, huir, conducir ebrio o a excesiva velocidad debería tener consecuencias firmes. Pero demasiadas veces el país ha visto otro libreto: víctimas enterradas o marcadas de por vida, familias destruidas y responsables que encuentran en el dinero, el apellido o las influencias una segunda vía de escape. La pista mata; el sistema, con frecuencia, absuelve moralmente antes de condenar legalmente.
Los casos son conocidos y duelen porque se repiten. Edu Saettone atropelló a María Elena Coronado, quien murió días después; el proceso estuvo marcado por cambios judiciales y una campaña pública que pidió que no fuera encarcelado. Mateo Silva Martinot atropelló brutalmente a Alejandro Ballón en Asia; la víctima sobrevivió, pero con secuelas devastadoras, mientras el caso terminó con prisión suspendida. Melisa González Gagliuffi mató a Christian Buitrón y Joseph Huashuayo en Javier Prado; recibió condena efectiva, pero terminó bajo vigilancia electrónica.
Más recientemente, Adrián Villar fue enviado a prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano, joven deportista atropellada mientras trotaba en San Isidro. Y en Trujillo, Maricsa Alfaro Cerna, con dosaje etílico positivo según la información difundida, atropelló al vigilante Juan Martínez Torres, quien murió días después. Hasta ahora, permanece libre. La pregunta, entonces, es brutal: ¿cuánto vale una vida cuando el agresor tiene recursos para litigar, influencias para moverse y tiempo para esperar que la indignación se enfríe?
Aquí no se trata de linchamiento mediático ni de negar el debido proceso. Se trata de exigir que la ley no funcione como autopista privada para quienes pueden pagar mejores defensas. Porque la prisión suspendida, los beneficios, las apelaciones eternas y los cambios de medidas cautelares suelen dejar en la ciudadanía una sensación corrosiva: la justicia no pesa igual para todos.
El Perú necesita una política penal y vial seria: sanciones efectivas, procesos expeditos, suspensión real de licencias, reparación civil ejecutable y jueces que entiendan que un vehículo mal usado puede matar tanto como cualquier arma.
Reflexión final
Lo más grave no es solo que se atropelle y se mate. Lo más grave es que muchas familias sienten que luego deben enfrentar otra tragedia: la impunidad con corbata. En un país decente, manejar exige responsabilidad. En el Perú, a veces parece bastar con tener contactos después del choque. (Foto: lacajanegra.blog).