La crisis de UTC no debe leerse como un mero conflicto administrativo entre un club y un exfutbolista. Es, más bien, una fotografía incómoda del fútbol peruano: instituciones frágiles, deudas que se arrastran, sanciones que se judicializan y campeonatos que parecen vivir siempre al borde del desorden. En mayo de 2026, el club Universidad Técnica de Cajamarca quedó en el centro de una tormenta tras la sanción impuesta por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF por una deuda con Gaspar Gentile, jugador que defendió al equipo cajamarquino entre 2021 y 2023. La medida contempló la resta de dos puntos en la Liga 1 2026 y la prohibición de inscribir futbolistas extranjeros en el siguiente periodo de pases.
El problema, sin embargo, escaló cuando UTC decidió acudir a la justicia ordinaria para frenar los efectos de la sanción deportiva. Según reportes, el club obtuvo una medida cautelar en Cajamarca, lo que suspendió provisionalmente la pérdida de puntos y la restricción para fichar. Con ello, el caso dejó de ser únicamente una deuda laboral-deportiva y pasó a convertirse en un choque directo entre la justicia civil y el sistema de resolución de controversias del fútbol.
La reacción de SAFAP fue inmediata y severa. La agremiación sostuvo que UTC ponía en peligro al fútbol peruano al recurrir a una vía que, de acuerdo con la lógica de FIFA, debe evitarse en controversias deportivas sujetas a arbitraje o jurisdicción interna. Los estatutos de FIFA establecen que el recurso a tribunales ordinarios está prohibido salvo excepciones previstas en sus normas, y que las asociaciones deben garantizar que clubes, ligas, jugadores y oficiales respeten esa obligación.
El riesgo no es menor. Si la FPF permite que sus decisiones deportivas sean neutralizadas por medidas judiciales ordinarias, no solo se debilita la autoridad de sus órganos internos; también se abre una puerta peligrosa para que cualquier club sancionado busque un atajo similar. En ese escenario, la Liga 1 dejaría de resolverse únicamente en la cancha y empezaría a definirse en juzgados, expedientes y medidas cautelares. Esa posibilidad es especialmente grave en un campeonato que ya carga con problemas de organización, credibilidad, licencias, deudas y pérdida de confianza pública.
A ello se suma un elemento institucional delicado: Osías Ramírez, presidente de UTC, también es miembro del Directorio de la FPF. Esa doble condición alimenta dudas sobre coherencia, gobernanza y conflicto de interés, precisamente cuando el fútbol peruano necesita señales claras de orden y transparencia. Algunos reportes incluso advierten que la FPF evaluaría una eventual exclusión de UTC si el club no desiste de la acción judicial.
UTC tiene derecho a defenderse, pero ningún club puede pretender jugar dentro del sistema cuando le conviene y desconocerlo cuando recibe una sanción. La justicia deportiva requiere reglas, plazos, cumplimiento y autoridad. Sin eso, la Liga 1 se convierte en una competencia vulnerable, imprevisible y administrativamente ingobernable.
Reflexión final
El caso UTC debería ser una advertencia nacional. El fútbol peruano no se hunde solo por malos resultados internacionales; también se deteriora cuando sus instituciones no cobran, no fiscalizan, no sancionan a tiempo o no hacen respetar sus propias normas. Una liga seria no puede vivir amenazada por retiros, desafiliaciones o torneos mutilados. El fútbol necesita pasión, sí, pero también necesita orden. Y hoy, más que nunca, el mayor rival del campeonato peruano parece estar fuera de la cancha: su propia fragilidad institucional. (Foto: lacajanegra.blog).