Hay cifras que describen problemas. Y hay cifras que denuncian fracasos. Que el 99% de los bodegueros del Perú afirme haber sufrido extorsiones no es simplemente una estadística preocupante; es una señal de alarma sobre el estado de la seguridad ciudadana en el país.
Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99% de los bodegueros asociados ha sufrido algún episodio de extorsión durante los últimos años, situación que ha obligado a miles de comerciantes a incrementar sus gastos en cámaras de vigilancia, rejas, vigilancia privada e incluso, en algunos casos, al pago de cupos para evitar atentados contra sus negocios.
Si prácticamente todos los integrantes de un sector económico sienten que han sido víctimas de amenazas, cobros ilegales o intimidaciones, ya no estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a una realidad donde la delincuencia ha logrado infiltrarse en la actividad económica cotidiana y donde miles de emprendedores sienten que trabajan más para sobrevivir que para progresar.
Durante años se dijo que la delincuencia era un problema focalizado en determinadas zonas. Después se afirmó que afectaba principalmente a ciertos sectores económicos. Hoy, las cifras parecen demostrar algo mucho más grave: la extorsión se ha convertido en una amenaza transversal que golpea a quienes generan empleo, pagan impuestos y sostienen buena parte de la economía popular.
Detrás de cada bodega existe una historia de esfuerzo familiar. Son negocios que abren desde la madrugada, que sobreviven a las crisis económicas y que muchas veces representan el único ingreso de una familia. Sin embargo, ahora deben enfrentar un costo adicional que ningún plan de negocios contempla: el miedo.
Las declaraciones recogidas por RPP son contundentes. Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, advirtió que muchos comerciantes han sido víctimas de extorsión en más de una oportunidad y que existe temor incluso para denunciar debido a posibles represalias. A ello se suma el incremento de los costos operativos. Según representantes de las pequeñas empresas, algunos negocios destinan hasta S/ 7,000 mensuales en vigilancia privada e implementos de seguridad para protegerse de la criminalidad.
La situación resulta aún más preocupante cuando la seguridad deja de ser una responsabilidad del Estado y se convierte en una obligación económica de cada emprendedor. Cámaras, rejas, vigilancia privada, monitoreo permanente y, en los casos más extremos, pagos ilegales para evitar atentados. La criminalidad ha creado su propio sistema de recaudación paralela.
Mientras tanto, la discusión política suele concentrarse en disputas de poder, cálculos electorales y enfrentamientos partidarios, mientras miles de pequeños empresarios continúan trabajando bajo amenaza.
La inseguridad ya no solo roba dinero. También roba tranquilidad, inversión, empleo y oportunidades de crecimiento.
Un país donde el 99% de los bodegueros afirma haber sufrido extorsiones no puede seguir tratando la inseguridad como un problema secundario. La criminalidad está afectando directamente la economía familiar, la actividad empresarial y la capacidad de miles de peruanos para emprender.
Reflexión final
La cifra del 99% debería provocar una reacción inmediata de todas las instituciones del Estado. Porque cuando casi todos los comerciantes se sienten amenazados, la pregunta ya no es cuántos delincuentes existen. La pregunta es cuánto terreno ha perdido el Estado frente al crimen organizado.
Y cuando abrir una bodega exige más medidas de seguridad que confianza en la protección estatal, la extorsión deja de ser un delito para convertirse en una forma de control económico y social. Ese es el verdadero peligro que hoy enfrenta el Perú. Porque cuando el miedo se vuelve parte del costo de hacer empresa, la delincuencia deja de atacar únicamente a las víctimas directas y comienza a golpear el futuro de todo el país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).