El Congreso peruano volvió a demostrar que la austeridad es una palabra útil para pedir sacrificios al ciudadano, pero bastante incómoda cuando toca revisar la billetera parlamentaria. Según un reportaje de Punto Final, el gasto en planillas del Legislativo llegó a S/906 millones en 2025, más del doble de los S/402 millones destinados a ese rubro en 2021. La cifra no es un error de tipeo: es el costo de una institución que, mientras pierde confianza ciudadana, parece ganar comodidad presupuestal.
El país tiene hospitales saturados, colegios con carencias, familias golpeadas por la inseguridad y regiones que esperan obras básicas. Pero el Congreso, siempre tan sensible a sus propias necesidades, encontró la manera de duplicar su gasto en personal activo. Qué eficiente puede ser el Estado cuando se trata de pagarse a sí mismo.
El reportaje reveló que cada congresista puede contratar hasta siete trabajadores de confianza y que los sueldos base se complementan con bonos mensuales, semestrales y anuales. Entre ellos aparece un bono equivalente a 3 UIT por legislatura, fraccionado durante el año, además de S/100 diarios por concepto de alimentación, que suman S/2.100 mensuales. Así, los ingresos reales superan ampliamente los montos base, mientras millones de peruanos hacen malabares para llegar a fin de mes.
La defensa de estos beneficios suele venir envuelta en lenguaje laboral, derechos adquiridos y convenios colectivos. Nadie niega que todo trabajador merece condiciones dignas. Pero dignidad no es lo mismo que privilegio silencioso. Y menos cuando el Parlamento no ofrece al país resultados equivalentes al tamaño de su presupuesto. ¿Dónde está la productividad legislativa? ¿Dónde la calidad de las leyes? ¿Dónde la fiscalización sería? ¿Dónde la empatía con un país que paga impuestos para recibir servicios públicos deficientes?
El problema no es solo el monto. Es el contraste moral. Mientras el ciudadano escucha pedidos de paciencia, ajuste, formalización y responsabilidad, el Congreso parece vivir en una burbuja con dieta propia, bonos propios y prioridades propias. Una institución desprestigiada no puede seguir comportándose como si el dinero público fuera una caja chica ampliada por costumbre.
El Congreso debe explicar con claridad por qué su gasto en planillas se duplicó en cinco años y qué resultados concretos justifican semejante incremento. La transparencia no puede ser un comunicado tardío ni una respuesta a regañadientes.
Reflexión final
Cuando una institución gasta más, pero representa peor, el problema deja de ser contable y se vuelve ético. El Perú no necesita un Congreso dorado; necesita un Congreso decente, austero y útil. Lo demás es privilegio con membrete republicano. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).