El Congreso ha promulgado una norma que coloca bajo seria alerta el equilibrio democrático entre seguridad, justicia y derechos ciudadanos. La ley dispone que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria cuando los hechos sean considerados delitos de función en el marco de estados de emergencia. La medida, impulsada desde el Parlamento y promulgada por Fernando Rospigliosi tras la inacción del Ejecutivo, no puede ser presentada como un simple ajuste legal. Es una decisión que redefine quién investiga a quienes portan armas en nombre del Estado.
Desde La Caja Negra sostenemos que policías y militares no deben quedar fuera del control de la justicia ordinaria cuando existan denuncias graves por muertes, abusos, maltratos, torturas o posibles violaciones de derechos humanos. Defender a las fuerzas del orden no significa otorgarles un blindaje judicial. Una democracia sólida protege a sus agentes cuando actúan correctamente, pero también garantiza que cualquier exceso sea investigado por órganos independientes y con plena confianza ciudadana.
La norma amplía el concepto de delito de función para personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuando actúan durante estados de emergencia. En el papel, puede sonar como una delimitación de competencias. En la práctica, el riesgo es enorme: que casos sensibles terminen alejados de la justicia ordinaria y sean absorbidos por una jurisdicción especializada que no siempre genera la misma confianza pública cuando las víctimas son civiles.
El país necesita seguridad, sí. Necesita policías respaldados, militares preparados, inteligencia operativa y autoridad firme contra el crimen organizado. Pero seguridad no es sinónimo de impunidad. Orden no significa silencio. Estado de emergencia no significa cheque en blanco. Cuando se coloca el uniforme por encima del escrutinio ordinario, el ciudadano queda en una situación de peligrosa vulnerabilidad.
El contexto vuelve más grave la decisión. La norma aparece en medio de denuncias e investigaciones por hechos atribuidos a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Se mencionan casos como la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial en Huacho, la denuncia de agresión contra un abogado en una comisaría de Puno, la muerte de un adolescente en la comisaría de Manchay y el caso de Colcabamba, donde cinco jóvenes murieron y otros resultaron heridos tras un operativo armado. Todos estos hechos exigen investigaciones imparciales, no rutas procesales que puedan ser percibidas como protección corporativa.
El problema de fondo es político. En el Perú, los estados de emergencia se han convertido en una respuesta repetida frente a la inseguridad, muchas veces sin resultados sostenibles. Si cada emergencia amplía poderes y reduce controles, el remedio puede terminar debilitando la democracia. No se combate al crimen organizado sacrificando garantías básicas. Se le combate con inteligencia, presupuesto, fiscalías fuertes, jueces independientes, control penitenciario, depuración institucional y decisión política real.
La Caja Negra respalda a los policías y militares que cumplen su deber dentro de la ley, arriesgando su vida para proteger a la ciudadanía. Pero rechazamos cualquier norma que pueda convertirse en blindaje frente a abusos. La autoridad solo es legítima cuando acepta límites. Un uniforme no debe ser sospecha, pero tampoco puede ser salvoconducto.
La ley debe ser revisada con rigor constitucional y democrático. Toda conducta vinculada a posibles abusos contra civiles debe permanecer bajo control de la justicia ordinaria cuando corresponda. La justicia militar policial no puede transformarse en refugio procesal para casos que afectan derechos fundamentales.
Reflexión final
Policías y militares tienen una función esencial, pero el poder armado del Estado requiere controles más estrictos, no menos. Si quienes portan armas quedan lejos de la justicia ordinaria, el ciudadano queda más cerca de la indefensión. Y una democracia que renuncia a controlar su fuerza pública empieza a caminar por una pendiente peligrosa. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).