El Instituto Peruano del Deporte anuncia una inversión superior a los 145 millones de soles para modernizar el Estadio Nacional y otros escenarios con miras a Lima 2027. La cifra impresiona, pero no alcanza para ocultar una contradicción escandalosa: el principal recinto deportivo del Perú será remodelado con recursos públicos mientras su campo continúa pagando el costo de conciertos, concentraciones religiosas y actividades ajenas a su razón de ser.
El proyecto contempla renovar fachada, tribunas, palcos, servicios higiénicos y señalización. Todo parece impecable sobre el papel. Sin embargo, ninguna obra será un verdadero legado si, después de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el estadio vuelve a convertirse en un local de alquiler con una cancha deportiva en medio.
La reciente presentación del campo durante el partido de Sporting Cristal por la Copa Sudamericana dejó una imagen lamentable ante el continente. El césped no parecía el de un estadio nacional, sino el resultado visible de una administración que prioriza la recaudación inmediata y posterga la función deportiva del recinto.
Aquí aparece la pregunta que las autoridades deben responder sin discursos decorativos: ¿quiénes se benefician realmente con esos alquileres? No basta con informar cuánto paga un organizador. También debe conocerse cuánto cuesta desmontar estructuras, reparar daños, resembrar el césped, recuperar la cancha y compensar los días en que el escenario queda inutilizable para el deporte.
Alquilar, cobrar y luego gastar en reparar no es necesariamente rentabilidad. Puede ser apenas una rueda administrativa que mueve dinero mientras destruye el activo que dice gestionar.
El Estadio Nacional pertenece al deporte peruano. No es un salón de eventos con arcos, ni una plataforma comercial financiada por todos para beneficio de unos cuantos contratos. Los conciertos y otras actividades pueden desarrollarse en espacios adecuados, pero no a costa de deteriorar el principal campo de fútbol del país.
La remodelación debe venir acompañada de una política estricta de uso, protección del césped, fiscalización de contratos y rendición pública de cada sol recaudado y gastado. De lo contrario, los 145 millones podrían terminar financiando una fachada moderna para repetir la misma administración deficiente.
Reflexión final
El verdadero abandono no a menudo consiste en dejar caer una infraestructura. También ocurre cuando se invierten millones en ella y luego se utiliza contra su propia finalidad. Lima 2027 debe dejar escenarios al servicio de los deportistas, no monumentos remodelados para continuar alquilándolos al mejor postor. El nuevo gobierno tendrá que decidir si el Estadio Nacional seguirá siendo la casa del deporte o la caja registradora de una gestión sin prioridades. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).