El Perú no necesita que los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori sean una prolongación de la ceremonia de investidura. Tampoco requiere una colección de anuncios, decretos apresurados y fotografías oficiales destinadas a convencer al país de que todo empezó a funcionar por arte de magia.
Lo que el país necesita es algo más difícil: orden, seguridad, prevención, transparencia y respeto democrático. En su mensaje ante el Congreso, la presidenta reconoció un Estado debilitado por la corrupción, la improvisación, la inseguridad, las obras paralizadas y el deterioro de los servicios públicos. El diagnóstico está hecho. Ahora corresponde evitar que se convierta en la primera excusa del nuevo Gobierno.
La prioridad inmediata debe ser recuperar la seguridad ciudadana. La extorsión, el sicariato y el crimen organizado no pueden seguir administrándose mediante estados de emergencia que producen más conferencias que resultados. El país necesita un Plan Nacional contra la Criminalidad con inteligencia policial, protección para denunciantes, depuración interna, fiscales fortalecidos, unidades de flagrancia eficaces y cárceles que dejen de operar como centros de mando criminal.
El mensaje presidencial anunció videovigilancia, inteligencia artificial, modernización policial y reforma penitenciaria. En cien días, esas promesas deben traducirse en presupuesto, responsables, cronogramas y metas públicas. De lo contrario, la tecnología será apenas un decorado moderno colocado sobre una estructura vieja.
El segundo frente es la prevención frente al fenómeno El Niño. Descolmatar ríos, reforzar defensas ribereñas, movilizar maquinaria y asegurar alimentos y medicinas no puede esperar a que las lluvias conviertan nuevamente la negligencia en tragedia. En el Perú, los desastres suelen llegar anunciados; quienes parecen sorprendidos son siempre los funcionarios.
La tercera necesidad es limpiar el Estado. Cada contrato de emergencia, compra pública y obra debe estar disponible para el escrutinio ciudadano. La presidenta prometió transparencia y rendición de cuentas. Esa promesa debe comenzar por casa: proveedores identificados, precios comparables, plazos verificables y sanciones rápidas cuando aparezcan irregularidades.
También se requiere una respuesta económica concreta para las pequeñas empresas. Reactivar PROMYPE, ampliar el crédito mediante COFIDE, fortalecer Compras a MYPErú e impulsar el factoring son compromisos expresamente anunciados para los primeros cien días. Las MYPE no necesitan elogios ceremoniales al emprendimiento, sino seguridad, financiamiento y menos burocracia.
Finalmente, el Perú necesita garantías democráticas. Fujimori prometió respetar la independencia de poderes y las libertades de expresión y prensa. Ese compromiso deberá demostrarse cuando lleguen las críticas, las investigaciones incómodas y las decisiones judiciales contrarias al Gobierno. La democracia no se prueba cuando el poder recibe aplausos, sino cuando acepta límites.
Los primeros cien días deben concentrarse en seguridad, prevención climática, transparencia, reactivación económica y respeto institucional. Nadie exige solucionar décadas de abandono en tres meses, pero sí demostrar capacidad, dirección y resultados.
Reflexión final
El Perú no necesita otro gobierno experto en explicar por qué no puede hacer las cosas. Necesita uno que empiece a hacerlas. Los primeros cien días no deben medirse por el número de discursos, sino por cuántas familias dejaron de pagar extorsiones, cuántas zonas fueron protegidas, cuántas compras se transparentaron y cuántas pequeñas empresas recibieron apoyo real. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).