El Gobierno de Keiko Fujimori evalúa ofrecer incentivos económicos para que trabajadores estatales renuncien voluntariamente como parte de una reorganización de la planilla pública. La propuesta busca reducir duplicidades, ordenar los recursos humanos y acercar los distintos regímenes laborales que hoy conviven en el Estado. En el papel, puede presentarse como una medida de modernización. En la práctica, abre una pregunta mucho más incómoda: ¿será realmente una salida voluntaria o el comienzo de un recorte disfrazado de acuerdo?
La historia laboral peruana aconseja no aceptar la palabra “voluntaria” sin garantías sólidas.
El borrador del pedido de facultades legislativas plantea que el incentivo se calcule tomando como referencia la protección económica del régimen privado del Decreto Legislativo 728. Según explicó a RPP el abogado laboralista Willman Meléndez, esa referencia equivale, de manera general, a una remuneración y media por año de servicios, con un tope de doce sueldos.
El Ejecutivo sostiene que no se trataría de despidos de trabajadores con contrato indefinido, sino de acuerdos libres para dejar el cargo. Sin embargo, el propio especialista advirtió el riesgo central: que la “negociación voluntaria” termine funcionando como una presión indirecta para reducir personal.
Cuando un trabajador sabe que su plaza puede desaparecer, que su área será reorganizada o que permanecer podría volverlo incómodo para la administración, la libertad de elección puede convertirse en una formalidad firmada bajo incertidumbre.
La reducción de la planilla no es, por sí sola, una reforma. Un Estado puede tener menos trabajadores y continuar siendo lento, desordenado, costoso e ineficiente. Si no se corrigen los procesos, la duplicidad de funciones, la contratación política, la débil evaluación del desempeño y la falta de planificación, el retiro incentivado solo cambiará el número de empleados, no la calidad del servicio.
Además, la propuesta todavía no precisa qué trabajadores podrían acogerse, qué entidades serían reorganizadas ni cuántas plazas se consideran innecesarias. Tampoco se conoce el costo total de las compensaciones ni el ahorro fiscal proyectado. Sin esa información, el Gobierno pide confianza antes de presentar las cuentas.
La coexistencia de los regímenes 276, 728, CAS y Servicio Civil genera desigualdades que deben corregirse. Pero ya existe una Ley del Servicio Civil creada para ordenar el empleo público bajo criterios de mérito, capacidad y equilibrio presupuestal. Antes de inventar otra ruta, corresponde explicar por qué ese proceso sigue inconcluso.
Desde La Caja Negra sostenemos que cualquier programa de renuncia incentivada debe ser excepcional, transparente y fiscalizable. El trabajador debe contar con asesoría independiente, plazo suficiente para evaluar la propuesta y garantías contra toda presión o represalia.
El Ejecutivo debe publicar el número de plazas involucradas, los criterios técnicos de selección, el presupuesto del programa y el impacto sobre los servicios públicos. La eficiencia no puede construirse debilitando derechos.
Reflexión final
Los incentivos económicos pueden facilitar una reorganización legítima o encubrir una reducción masiva de personal. La diferencia estará en las reglas.
Un Estado serio no invita a renunciar para luego contratar nuevamente por afinidad, consultoría o confianza. Si la reforma busca mérito, debe empezar eliminando privilegios y puestos innecesarios en la cima, no descargando todo el ajuste sobre quienes sostienen diariamente la administración pública. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).