La justicia comercial no solo resuelve conflictos entre empresas; también protege la estabilidad jurídica, la inversión y la confianza en las instituciones. Cuando un juez utiliza una medida cautelar para alterar contratos millonarios, el país espera que esa decisión provenga de un magistrado cuya independencia y trayectoria estén fuera de toda duda. Sin embargo, en el Perú ocurrió exactamente lo contrario.
Uno de los casos más emblemáticos fue la medida cautelar emitida por el juez Juan Gustavo Varillas Solano a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que suspendió los contratos de transmisión televisiva suscritos entre varios clubes de la Liga 1 y el Consorcio Fútbol Perú (GolPerú). Aquella resolución alteró el negocio más importante del fútbol profesional peruano y desencadenó una crisis institucional, deportiva y comercial cuyas consecuencias todavía repercuten en el campeonato nacional. Años después, el mismo magistrado continúa al frente del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima.
La controversia no terminó con aquella medida cautelar. Según informó La República, el juez Varillas acumula ocho investigaciones penales desde 2019 y tres procesos habrían llegado al Poder Judicial, donde figura como imputado por presuntos delitos como cohecho pasivo impropio, lavado de activos, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de procesos. A ello se suman cuestionamientos disciplinarios y una suspensión preventiva de seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial debido precisamente a la tramitación «exprés» y «automática» de la cautelar que favoreció a la FPF en el conflicto por los derechos televisivos de la Liga 1.
Sin embargo, cumplida la suspensión, regresó al mismo despacho desde donde continúa resolviendo litigios de enorme impacto económico.
El caso GolPerú marcó un precedente preocupante. Una resolución cautelar provisional terminó modificando el equilibrio de un mercado multimillonario antes de que existiera una sentencia definitiva. Mientras el arbitraje seguía su curso, la medida produjo efectos concretos: varios clubes terminaron adaptándose al nuevo escenario impulsado por la FPF y su operador comercial.
La justicia cautelar dejó de ser un mecanismo excepcional para convertirse, en los hechos, en un instrumento capaz de redefinir relaciones contractuales antes de que los jueces resuelvan el fondo del conflicto.
Sin embargo, el expediente de la Liga 1 no constituye un hecho aislado. De acuerdo con la investigación publicada por La República, Varillas también aparece vinculado a decisiones controvertidas en el caso Oncoserv, el Consorcio Salud Tacna, el Peaje Chillón, la red Orellana, Los Cuellos Blancos del Puerto. Recientemente, está vinculado en la medida cautelar que suspendió la venta del Grupo El Comercio, una operación cercana a US$50 millones respaldada por una contracautela de apenas US$50.000.
Cuando un mismo magistrado aparece reiteradamente en expedientes que comprometen intereses económicos millonarios y continúa concentrando semejante poder jurisdiccional, el problema deja de ser individual para convertirse en una seria preocupación institucional.
Desde La Caja Negra sostenemos que la independencia judicial jamás puede confundirse con ausencia de control. La autonomía de un juez fortalece el Estado de derecho; la falta de supervisión lo debilita.
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y la Corte Superior de Lima tienen la obligación de explicar por qué un magistrado con semejante historial continúa administrando uno de los juzgados comerciales más sensibles del país. La transparencia también debe alcanzar a quienes imparten justicia.
Reflexión final
El caso GolPerú demostró que una sola medida cautelar puede modificar el destino de contratos millonarios, afectar empresas, clubes, trabajadores e inversionistas antes de que exista una sentencia definitiva.
Cuando el juez que firma esas resoluciones acumula investigaciones, sanciones y cuestionamientos públicos, la preocupación ya no gira únicamente alrededor de una persona. La verdadera crisis es la de un sistema que parece reaccionar tarde frente a quienes administran decisiones con enorme impacto económico.
La justicia debe generar confianza, no incertidumbre. Porque cuando una medida cautelar termina teniendo más fuerza que una sentencia y un magistrado cuestionado conserva intacto su poder, el mayor riesgo deja de ser un expediente judicial: pasa a ser la credibilidad misma del Poder Judicial.
Fuente: La República, “Juez acusado de corrupción paraliza venta de Grupo El Comercio” (2 de agosto de 2026) y La República, “¿Quién es el juez que emitió medida cautelar a favor de la FPF por derechos televisivos?” (19 de enero de 2023). (Foto ilustración: lacajanegra.blog).