El Fenómeno El Niño Costero tiene fecha probable, zonas críticas identificadas, presupuesto habilitado y advertencias técnicas suficientes. Falta apenas lo más elemental: que las autoridades hagan su trabajo.
La Contraloría General de la República ha detectado una ejecución presupuestal baja, nula o directamente inexistente en gobiernos regionales y locales responsables de prevenir inundaciones y reducir daños. El dinero está disponible, el riesgo está anunciado y las competencias están escritas. Aun así, muchas autoridades continúan administrando la inacción con una disciplina que ya quisieran para ejecutar obras.
El caso del río Piura es una radiografía de esa negligencia. Hay geobolsas rotas, estructuras que se desmoronan, maleza acumulada y sedimentos cerca de puentes. Más de 15.000 personas podrían quedar directamente expuestas, mientras la ciudad todavía no termina de recuperarse de desastres anteriores.
Lo verdaderamente escandaloso es que nadie puede alegar sorpresa. No estamos frente a un terremoto imprevisible, sino ante un fenómeno monitoreado con meses de anticipación. Sin embargo, la prevención peruana suele comenzar cuando el agua ya entró a las viviendas, los puentes cedieron y las cámaras de televisión llegaron para registrar el desastre.
Las autoridades son especialmente creativas para reclamar presupuesto. Organizan conferencias, denuncian abandono y responsabilizan al Gobierno central. Pero cuando el dinero finalmente llega, la ejecución desaparece. Entonces ya no hablamos de escasez, sino de incapacidad, indolencia o temor a firmar. Cualquiera de las tres opciones resulta incompatible con el cargo.
La perversión del sistema es conocida: se evita gastar oportunamente en prevención y luego, durante la emergencia, se multiplican las contrataciones directas, las compras apresuradas y los precios incomprensibles de explicar. Prevenir parece complicado; contratar sin competencia, curiosamente, a menudo resulta más rápido.
La Contraloría ha advertido que la inacción podría generar responsabilidades administrativas e incluso penales. Sin embargo, el país no necesita otra colección de informes archivados después del huaico. Necesita nombres, plazos, responsables y sanciones antes de contar muertos, damnificados y millones perdidos.
Los gobiernos regionales y locales deben ejecutar de inmediato las labores de descolmatación, reparación de defensas, protección de puentes y atención de puntos críticos. Cada día perdido incrementa el riesgo y reduce el margen de respuesta.
Reflexión final
El Niño será un fenómeno natural; la tragedia, en cambio, puede ser enteramente política. Cuando el presupuesto existe y la prevención no se ejecuta, ya no corresponde hablar de desastre inesperado. Corresponde hablar de abandono anunciado, negligencia financiada y autoridades que esperan que el río haga el trabajo que ellas se negaron a realizar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).