El financiamiento público directo fue creado para fortalecer a los partidos, capacitar a sus militantes, promover investigación política y mejorar una democracia debilitada. Sin embargo, Perú Libre y Renovación Popular habrían utilizado más de 56 mil soles del presupuesto estatal en publicaciones que, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no cumplieron con los fines establecidos por la ley.
Mientras millones de ciudadanos reclaman mejores servicios públicos, ambas agrupaciones encontraron una prioridad diferente: convertir recursos destinados a formación política en productos editoriales vinculados con sus propios dirigentes.
Perú Libre justificó un gasto de 31.383 soles en un taller literario y la impresión de un poemario de menos de cien páginas. Solo la charla realizada durante una jornada costó 9.200 soles. La ONPE concluyó que los contenidos fueron generales, estrictamente literarios y sin relación política, ideológica o programática.
No se cuestiona la poesía. Se cuestiona que Perú Libre haya recurrido a dinero público destinado a la capacitación de militantes para financiar un proyecto que el organismo electoral consideró ajeno a ese propósito. El Estado no creó una editorial partidaria ni entregó recursos para satisfacer intereses artísticos internos.
Por su parte, Renovación Popular destinó aproximadamente 24.700 soles a un libro digital de 42 páginas que debía narrar la historia de la organización. Sin embargo, el contenido terminó concentrándose en episodios de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación personal del autor con el dirigente político.
La ONPE también observó que Renovación Popular no acreditó adecuadamente la experiencia mínima exigida al autor y que no presentó las cotizaciones adicionales requeridas. El cuestionamiento, por tanto, no se limita al contenido: también alcanza el procedimiento y la selección del proveedor.
Lo más grave es que tanto Perú Libre como Renovación Popular reciben recursos provenientes de todos los contribuyentes. Ese dinero no pertenece a sus dirigentes, a sus comités nacionales ni a sus círculos de confianza. Tiene una finalidad legal específica y debe administrarse con rigor.
La ONPE debe determinar responsabilidades, exigir la devolución de los fondos mal utilizados y aplicar las sanciones correspondientes a Perú Libre y Renovación Popular si se confirma el incumplimiento. Fiscalizar sin consecuencias solo convierte el control electoral en una formalidad posterior al gasto.
Reflexión final
Perú Libre y Renovación Popular piden votos, confianza y recursos públicos, pero deben demostrar que saben respetar cada sol recibido. Cuando el dinero destinado a fortalecer la democracia termina financiando poemarios o relatos favorables sobre dirigentes, el problema no es editorial: es político, ético y profundamente institucional. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).