El nuevo Congreso bicameral todavía no empieza a producir leyes relevantes, pero ya exhibe una extraordinaria eficiencia para disputar espacios de poder. Fuerza Popular y Juntos por el Perú compiten por presidir las comisiones de Constitución y Justicia, dos grupos de trabajo capaces de abrir, cerrar, acelerar o sepultar reformas, investigaciones y acusaciones políticamente sensibles.
La escena se presenta como una negociación reglamentaria. En realidad, es una pelea por controlar las llaves del sistema. Porque en el Parlamento peruano, presidir una comisión no consiste únicamente en ordenar sesiones: también permite definir prioridades, administrar tiempos y decidir qué temas avanzan y cuáles terminan durmiendo el sueño administrativo de los expedientes incómodos.
Fuerza Popular aspira a conservar la Constitución, una comisión que ha presidido durante buena parte de la última década. No es difícil comprender el interés: desde allí se discuten reformas al texto constitucional, reglas electorales, relaciones entre poderes y mecanismos de participación ciudadana. Es decir, casi nada, apenas la arquitectura del Estado.
Juntos por el Perú pretende arrebatársela para promover cambios constitucionales y recuperar instrumentos como el referéndum. También reclama Justicia, Economía y otros espacios estratégicos. La oposición sostiene que busca equilibrio; el oficialismo asegura que necesita gobernabilidad. Ambas expresiones suenan nobles. El problema es que en el Congreso las palabras suelen llegar vestidas de principios y salir convertidas en cuotas.
La comisión de Justicia tampoco es un premio menor. Allí se discuten reformas penales, judiciales y penitenciarias que pueden afectar directamente a políticos, altos funcionarios y grupos de poder. Por eso la competencia no es técnica ni inocente. Quien controla la agenda puede orientar debates, postergar proyectos y colocar filtros donde la ciudadanía espera respuestas.
Más delicada aún será la integración de Acusaciones Constitucionales, encargada de calificar denuncias contra ministros, congresistas y la propia Presidencia. Su composición debería respetar pluralidad y proporcionalidad. Sin embargo, la experiencia aconseja vigilancia: demasiadas veces estas comisiones funcionaron como escudo para aliados y garrote para adversarios.
El reparto de comisiones definirá buena parte del equilibrio político de los próximos cinco años. No debería resolverse como una distribución de territorios, sino mediante criterios de idoneidad, transparencia y control democrático.
Reflexión final
Constitución y Justicia no pertenecen al oficialismo ni a la oposición. Pertenecen al país. Pero cuando los partidos se pelean por presidirlas antes de explicar para qué las quieren, surge una sospecha legítima: quizá no disputan la responsabilidad de mejorar las instituciones, sino el privilegio de administrarlas según su conveniencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).