Han pasado 14 años y el Comité Olímpico Peruano todavía no termina de rendir cuentas. No hablamos de una factura extraviada ni de una diferencia contable insignificante. El problema se remonta a subvenciones públicas entregadas entre 2012 y 2014, periodo en el que el Instituto Peruano del Deporte transfirió más de S/185 millones al COP para competencias internacionales, delegaciones y organización de eventos.
De ese universo de recursos, más de S/20,8 millones quedaron observados por falta de sustentación adecuada. Catorce años después, el asunto continúa arrastrándose entre procedimientos administrativos y judiciales. Una eternidad cuando se trata de dinero de todos los peruanos.
Los recursos estuvieron relacionados, entre otros, con los Juegos Bolivarianos de Playa 2012, los Juegos Bolivarianos 2013 y los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013.
Las auditorías posteriores de la Contraloría detectaron inconsistencias en la rendición. El problema terminó escalando hasta procesos judiciales impulsados por el IPD, además de medidas como suspensión de subvenciones y bloqueo de cuentas.
Pero aquí aparece lo verdaderamente indignante: el calendario deportivo avanzó mucho más rápido que la rendición de cuentas.
El Perú siguió organizando competencias internacionales, volvió a recibir Juegos Panamericanos, organizó eventos bolivarianos y continúa comprometiendo enormes cantidades de recursos públicos en infraestructura y organización deportiva. Para conseguir nuevas sedes aparecen autoridades, discursos, fotografías y promesas. Para cerrar las cuentas antiguas, aparentemente, catorce años todavía no alcanzan.
Resulta difícil exigir confianza ciudadana bajo semejante lógica. ¿Cómo puede el sistema deportivo reclamar mayores presupuestos si todavía existen recursos de hace más de una década cuya controversia no ha sido definitivamente resuelta?
Las actuales autoridades del COP pueden argumentar que heredaron el problema. Correcto. Pero heredarlo no significa archivarlo moralmente. Las presidencias cambian; la responsabilidad institucional permanece.
Tampoco basta con decir que el caso está judicializado. Precisamente por tratarse de fondos públicos, el COP y el IPD deberían informar periódicamente qué monto continúa observado, cuánto fue subsanado, qué procesos permanecen vigentes y qué responsabilidades se están reclamando.
Catorce años constituyen tiempo suficiente para organizar varios ciclos olímpicos, cambiar autoridades y celebrar innumerables campeonatos. ¿Pero no para cerrar una rendición de cuentas?
El deporte peruano necesita dinero, pero necesita todavía más credibilidad.
Reflexión final
No puede existir una política deportiva seria donde primero se transfieren millones, después aparecen observaciones y finalmente el calendario se encarga de convertir el problema en paisaje.
Más de S/20,8 millones observados merecen una explicación definitiva, documentada y pública. Porque organizar juegos internacionales puede otorgar prestigio durante algunas semanas. Rendir cuentas demuestra institucionalidad todos los días.
Y después de 14 años, el Comité Olímpico Peruano ya no necesita más tiempo: necesita explicar, sustentar y cerrar las cuentas pendientes ante el país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).