El Perú convive con una amenaza que no necesita alarmismo para resultar aterradora. El sismólogo César Jiménez Tintaya, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advirtió en RPP que la región central del país mantiene energía sísmica acumulada desde 1746, año del último megaterremoto que devastó Lima y el Callao. Según explicó, los grandes sismos registrados posteriormente apenas habrían liberado alrededor del 20 % de esa energía acumulada.
La ciencia no puede decirnos qué día ocurrirá el próximo enorme terremoto. Pero sí puede advertirnos del peligro. Y allí comienza la responsabilidad política: si conocemos el riesgo y seguimos sin prepararnos suficientemente, la tragedia futura dejará de ser solamente natural para convertirse también en consecuencia de décadas de negligencia estatal.
Jiménez recordó que los terremotos de 1940, 1966, 1974 y 2007, pese a alcanzar magnitudes cercanas a 8, liberaron apenas una parte de la energía acumulada. Por ello considera posible un terremoto de magnitud entre 8.5 y 8.8 en la región central del Perú.
No es una profecía. Es un escenario científico que exige preparación.
El problema es que, mientras debajo del territorio se acumula energía, sobre él también se acumulan vulnerabilidades: viviendas informales, edificios antiguos, hospitales con limitaciones, calles imposibles para maquinaria pesada, servicios de agua frágiles, sistemas de comunicación vulnerables y zonas costeras expuestas a un eventual tsunami.
La tierra hace su trabajo tectónico. El Estado, demasiado frecuentemente, parece limitarse a hacer simulacros.
El terremoto de 1746 tuvo una magnitud estimada entre 8.6 y 9.0 y fue seguido por un tsunami que prácticamente arrasó el Callao. Jiménez recordó que, de alrededor de 5.000 habitantes, apenas unas 200 personas habrían sobrevivido.
Hoy contamos con sismógrafos, GPS, mareógrafos y sistemas de alerta. Sin embargo, disponer de tecnología no equivale automáticamente a estar preparados.
¿Podrían los hospitales absorber decenas de miles de heridos? ¿Existen suficientes camas, medicamentos, quirófanos operativos y reservas de sangre? ¿Cuántos equipos especializados de rescate podrían desplegarse simultáneamente? ¿Cuánta maquinaria pesada está disponible? ¿Qué ocurriría con el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y las carreteras?
Si el Estado no puede responder públicamente estas preguntas con cifras verificables, entonces los planes existentes continúan siendo insuficientes frente al escenario planteado.
Desde La Caja Negra sostenemos que el Gobierno debe convertir el riesgo sísmico en una prioridad nacional permanente. No basta con simulacros, recomendaciones ciudadanas y comunicados después de cada temblor.
Se necesita reforzamiento hospitalario, fiscalización real de construcciones, inventarios públicos de maquinaria y equipos de rescate, reservas estratégicas de medicamentos y alimentos, rutas de evacuación operativas y planes específicos para Lima y Callao ante terremoto y tsunami.
La prevención cuesta. La improvisación cuesta vidas.
Reflexión final
El silencio sísmico no significa tranquilidad. Precisamente significa que existe energía acumulándose mientras desconocemos cuándo será liberada.
La naturaleza no negocia calendarios electorales ni espera presupuestos públicos. Cuando llegue el próximo terremoto significativo, ninguna autoridad podrá alegar sorpresa.
El verdadero escándalo no será que la tierra tiemble. Será descubrir que el Estado tuvo décadas para prepararse y volvió a llegar tarde.
Fuente: Declaraciones del sismólogo César Jiménez Tintaya en Ampliación de Noticias, RPP, agosto de 2026. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).