Rafael López Aliaga ha lanzado una de las críticas más duras contra el primer mes de gobierno de Keiko Fujimori: “Un mes sin hacer absolutamente nada; hasta Dina Boluarte sacaba decretos de urgencia”. La frase es política, provocadora y calculada, pero toca un nervio sensible: la percepción de que el nuevo Ejecutivo aún no logra transmitir una respuesta contundente frente a la inseguridad. Y cuando el país convive con secuestros, extorsiones, sicariato y ataques al transporte, la paciencia ciudadana es mucho más corta que el calendario político.
López Aliaga cuestiona que el Gobierno no haya reaccionado con la rapidez que, a su juicio, exige la emergencia criminal. Incluso compara la gestión de Fujimori con la de Dina Boluarte, a quien también critica, pero utiliza como referencia para señalar que al menos emitía decretos de urgencia con frecuencia.
La comparación es incómoda, pero también revela un debate más profundo: ¿se está gobernando con suficiente velocidad o apenas se está administrando la expectativa?
No basta con pedir facultades legislativas, anunciar reformas o prometer mayor participación de las Fuerzas Armadas. La ciudadanía no vive de anuncios. Vive —o intenta vivir— entre amenazas reales.
La crítica de López Aliaga adquiere mayor fuerza porque Fujimori llegó al poder con un discurso de orden y seguridad. Precisamente por eso, sus primeras semanas están bajo una lupa mucho más exigente.
Pero también conviene separar el ruido político del fondo. Emitir decretos de urgencia no garantiza eficacia. La experiencia reciente demuestra que llenar el diario oficial de normas no necesariamente reduce homicidios, extorsiones o secuestros. La gestión de Dina Boluarte dejó suficientes ejemplos de medidas que no siempre se tradujeron en resultados sostenidos.
Por eso, el problema no es que Fujimori haya emitido pocos decretos. El problema es que todavía no se percibe con claridad una estrategia integral, articulada y medible contra el crimen.
López Aliaga también cuestiona que el Ejecutivo critique iniciativas municipales mientras, según su lectura, no ofrece soluciones equivalentes. Allí aparece otro punto sensible: el ciudadano observa gobiernos nacionales, regionales y municipales discutiendo competencias mientras el delincuente no distingue jurisdicciones.
Desde La Caja Negra consideramos legítimo y necesario que la oposición fiscalice con dureza al Gobierno. López Aliaga tiene derecho a exigir respuestas expeditas. Pero la crítica será más sólida si va acompañada de propuestas viables, legales y técnicamente sustentadas.
Del mismo modo, Keiko Fujimori no puede refugiarse indefinidamente en la condición de gobierno recién iniciado. El crimen no concede meses de gracia. Cada día sin resultados verificables fortalece la sensación de impunidad y debilita la confianza en el Estado.
La respuesta debe incluir inteligencia criminal, control penitenciario, coordinación fiscal-policial, tecnología, patrullaje efectivo, investigación financiera y metas públicas.
La frase de López Aliaga golpea porque resume una sensación que el Gobierno debería tomar en serio: que el tiempo avanza más rápido que sus resultados.
Reflexión final
Un mes puede ser poco para transformar un país, pero puede ser suficiente para demostrar rumbo, decisión y prioridades.
Si Fujimori quiere evitar que la comparación con Dina Boluarte se convierta en etiqueta política, necesita menos explicaciones y más resultados. Porque frente al crimen, la pasividad también comunica. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).