Somos Perú llega a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con una carga política que no puede despacharse con una explicación jurídica de rutina. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones difundidos por Cuarto Poder, el partido lleva en sus listas a 215 candidatos con sentencias penales firmes. Entre los delitos consignados aparecen casos de violencia sexual, extorsión, secuestro, homicidio, violencia familiar, peculado, falsificación de documentos y tráfico ilícito de drogas. La cifra no solo interpela a los candidatos. Interpela directamente a quienes los seleccionaron.
El detalle es contundente: 12 postulan a gobiernos regionales, 39 a alcaldías provinciales y 164 a cargos distritales. Algunos ya cumplieron sus penas y fueron declarados rehabilitados, por lo que pueden ejercer sus derechos políticos conforme al marco legal. Esa garantía debe respetarse. Pero usarla como escudo para cerrar el debate sería demasiado cómodo.
Porque una cosa es que la ley permita postular y otra muy distinta que un partido decida entregar su símbolo, su respaldo y su representación a una persona con determinados antecedentes.
Somos Perú ha defendido que quienes cumplieron sus condenas y fueron rehabilitados están habilitados para participar. Jurídicamente, el argumento puede sostenerse en los casos que correspondan. Políticamente, sin embargo, queda una pregunta demoledora: ¿el único filtro partidario consiste en verificar si el candidato todavía está legalmente impedido?
Más incómoda resulta la declaración de su vocero, Guillermo Aliaga, quien señaló que el partido no se siente representado por las conductas que motivaron algunas de esas sentencias. Entonces surge una contradicción difícil de maquillar: si esas conductas no representan a Somos Perú, ¿por qué algunos de sus autores sí representan electoralmente a Somos Perú?
La rehabilitación penal busca permitir la reinserción social. No obliga a ningún partido a otorgar una candidatura. Esa decisión es política y, por tanto, también ética.
Los 215 casos no son idénticos y sería irresponsable tratarlos como si todos tuvieran la misma gravedad o situación jurídica. Pero la magnitud de la cifra sí obliga a cuestionar seriamente los mecanismos de selección interna de Somos Perú.
Reflexión final
Los partidos suelen reclamar confianza cuando necesitan votos. Esa confianza debería comenzar por demostrar a quiénes están dispuestos a poner en una lista.
La ley puede devolver derechos; lo que no puede devolver automáticamente es la confianza ciudadana. Y cuando un partido postula a 215 personas sentenciadas por delitos que incluyen violencia sexual, extorsión, secuestro y homicidio, la pregunta ya no es solo si pueden postular. La pregunta es por qué el partido decidió postularlos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).