Una antena ilegal de internet fue encontrada en la cima de un cerro junto al penal Miguel Castro Castro, dentro de la zona restringida de 200 metros. El sistema, sostenido por un mástil de bambú, podría haber enviado señal hacia el establecimiento penitenciario y facilitado comunicaciones no autorizadas. La precariedad del soporte contrasta con la sofisticación del servicio: mientras el Estado promete combatir al crimen organizado, alguien habría instalado conexión de fibra óptica prácticamente a las puertas de una cárcel.
La estación fue detectada por especialistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Operaba sin autorización mediante una antena omnidireccional de 5,8 GHz, un switch Ethernet, un convertidor de medios, energía eléctrica y cableado conectado a una caja de distribución. No era un artefacto improvisado para uso doméstico, sino una infraestructura con capacidad para transmitir datos.
La Policía deberá establecer quién la instaló, quién la financió, cuánto tiempo funcionó y quiénes pudieron beneficiarse. También tendrá que determinar si facilitó extorsiones, sicariatos u otros delitos coordinados desde el penal. Retirar los equipos resuelve el problema visible; identificar la red que los sostuvo permitirá conocer la verdadera dimensión del caso.
La legislación existe. Instalar antenas ilegales cerca de establecimientos penitenciarios puede castigarse con penas de cinco a nueve años. Además, el suministro ilícito de telecomunicaciones en cárceles puede recibir entre seis y ocho años, con agravantes de hasta diez. El Código Penal parece bien conectado; el sistema de vigilancia, bastante menos.
La estación fue identificada el 18 de junio y el operativo de retiro se realizó meses después. Esa demora exige explicaciones. Una instalación levantada dentro de un perímetro expresamente restringido no debería depender de un hallazgo tardío. ¿Quién vigilaba la zona? ¿Cómo llegó la fibra óptica hasta el cerro? ¿Quién suministraba electricidad? ¿Nadie observó un mástil de siete metros frente a un penal de máxima relevancia?
Si esto ocurre en Lima, resulta inevitable preguntar qué sucede alrededor de las cárceles provinciales, donde existen menos personal, tecnología y capacidad de fiscalización. El país acumula operativos aislados, pero continúa sin exhibir un plan nacional integral que articule prisiones, telecomunicaciones, inteligencia policial, sistema financiero y persecución patrimonial.
No basta con desmontar antenas. Se requiere monitoreo permanente del espectro, vigilancia física y tecnológica de los perímetros, trazabilidad de conexiones y sanciones para operadores, financiadores y posibles cómplices.
Reflexión final
Una prisión pierde autoridad cuando desde su interior se pueden ordenar delitos hacia el exterior. La antena de bambú no representa ingenio criminal: simboliza debilidad estatal. Cuando la delincuencia consigue internet frente a una cárcel y el Estado solo aparece para desconectarlo después, queda claro quién estaba trabajando con mayor planificación. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).