Rafael López Aliaga respondió al fallo del JNE contra la reelección inmediata con una advertencia dirigida a su presidente, Roberto Burneo. Desde Carabayllo, anunció una denuncia penal y afirmó que el magistrado terminaría en prisión. El dirigente tiene derecho a cuestionar la decisión y acudir a la justicia. Pero convertir una discrepancia electoral en una sentencia anunciada desde un estrado alimenta la confrontación y debilita el respeto que merecen las instituciones.
El JNE estableció como criterio que quienes ejercieron una alcaldía en el periodo municipal anterior no podrán volver a ocuparla en la nueva gestión mediante una candidatura a primer regidor. López Aliaga, exalcalde de Lima y postulante a ese cargo por Renovación Popular, considera que la medida vulnera la Constitución y afecta la voluntad de sus electores. Su caso debe seguir el procedimiento electoral correspondiente.
La discusión merece argumentos jurídicos, no amenazas personales. El dirigente puede impugnar, presentar pruebas y exigir una resolución motivada. Lo que no corresponde es anunciar desde una tribuna el destino penal de una autoridad, como si la convicción de un político pudiera sustituir una investigación y una decisión judicial. Denunciar es un derecho; anticipar la cárcel de quien discrepa proyecta una presión que la democracia no necesita.
López Aliaga también afirmó que se pretende robar la voluntad ciudadana y cuestionó a Burneo con expresiones personales. Una acusación de esa gravedad exige evidencia concreta. Repetirla ante simpatizantes puede generar aplausos, pero no demuestra una irregularidad. Cuando se pone en duda un proceso electoral, cada palabra tiene consecuencias sobre la confianza de quienes votaron.
El JNE tampoco está exento de responsabilidades. Debe explicar por qué permitió la candidatura a regidor, cómo sustenta el impedimento para asumir la alcaldía y por qué el criterio se comunicó después de la elección. Una decisión trascendente requiere fundamentos accesibles y coherentes. La independencia institucional se defiende mejor cuando también se rinden cuentas.
Burneo y el JNE deben responder con transparencia; López Aliaga, sustentar sus acusaciones y respetar las vías legales. Ninguno está por encima del escrutinio. La justicia debe resolver sin presiones políticas y con pleno respeto al derecho de defensa.
Reflexión final
El Perú necesita dirigentes capaces de discrepar sin convertir a las autoridades en blancos de intimidación. La voluntad popular se protege con votos bien contados, reglas claras y decisiones fundamentadas. Una amenaza desde el escenario puede ganar titulares; no construye confianza ni reemplaza la ley. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).