Pasaje con cupo incluido: el nuevo impuesto del crimen. A veces el país supera la ficción. En el Perú de Dina Boluarte, donde el desgobierno es ley y el crimen manda sin oposición, hemos llegado a una nueva categoría de absurdo nacional: el pasaje de transporte público ahora incluye el cobro de cupos a extorsionadores. Sí, así como lo lee. En lugar de frenar el delito, el Estado ha decidido trasladarle la factura al ciudadano, para que viaje con miedo, resignación… y 50 céntimos extra.
La línea B, que va de Los Olivos al Cercado de Lima, se ha sincerado: subieron el precio del pasaje porque los extorsionadores también tienen que comer. Y como la Policía no llega, como el ministro del Interior prefiere los discursos, y como Dina Boluarte está en una gira más internacional que diplomática, alguien tiene que pagar la cuenta. Spoiler: usted, señora. Usted, señor. Usted, joven que sale a las 5 de la mañana a trabajar.
Y es que los choferes ya no están peleando por mejores rutas ni horarios. No. Ahora su batalla es sobrevivir. Pagar S/10 a S/15 diarios a bandas organizadas se ha convertido en parte de la rutina laboral, igual que revisar frenos o llenar combustible. La diferencia es que el Estado no fiscaliza a los criminales. A los choferes, en cambio, sí les cae la multa si no tienen su SOAT.
Mientras tanto, la presidenta más impopular del planeta —sí, esa que supera récords de rechazo global— sigue viajando como si el país no se estuviera hundiendo en tiempo real. La criminalidad ha secuestrado ciudades, rutas y economías, y la única respuesta de Palacio es el silencio, acompañado por algún spot publicitario lleno de banderitas.
Y para que no digan que no se ha hecho nada, los avisos ya están pegados en las combis: «Subimos el pasaje por extorsión». A eso hemos llegado: a institucionalizar el miedo, a oficializar el chantaje. Es un sinceramiento brutal de la realidad, que incluso podría dar ideas a otros sectores. ¿Se imagina una bodega con letrero que diga “Precio del pan incrementado por amenaza con granada”?. No se ría. Es probable.
Pero lo más trágico es que esto ya no indigna a nadie en el poder. El Ejecutivo no actúa. El Congreso —ese bastión de la indiferencia— está más ocupado blindando a sus aliados que legislando contra la mafia. Y mientras tanto, en las calles, el que no paga, muere. Literalmente.
Estamos ante una capitulación del Estado frente al crimen. No se trata de un caso aislado ni de una coyuntura pasajera. Es una renuncia tácita a gobernar, a proteger, a garantizar siquiera lo mínimo. El transporte público —ese servicio esencial para millones— se ha convertido en un campo minado, donde el Estado no entra, pero los criminales sí cobran peaje. El aumento del pasaje no es una decisión empresarial ni un ajuste inflacionario. Es un grito desesperado que dice: “Estamos solos, el Estado nos abandonó”.
Reflexión final
Cuando un país acepta que la extorsión forme parte de su economía cotidiana, cuando las víctimas son quienes financian su propia protección, y cuando el Gobierno prefiere subirse a un avión que enfrentar la realidad, no estamos ante una crisis. Estamos ante una claudicación moral del poder.
Y lo peor de todo es que ya se viene normalizando. Hoy son los transportistas. Mañana serán los colegios, las farmacias, las panaderías. A este paso, el IGV debería renombrarse “Impuesto General al Vandalismo”, porque cada sol extra que pagamos ya no va a salud, educación o seguridad, sino a cubrir el vacío de un gobierno que simplemente dejó de gobernar.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra