Mientras los hospitales no tienen medicinas, las escuelas se caen a pedazos, la anemia infantil se dispara y las comisarías siguen operando con lo justo, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido invertir más de 18 millones de soles en vehículos de alta gama para los altos mandos de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea. ¿Emergencia nacional? Sí. Pero no para atender al pueblo, sino para garantizarle tapiz de cuero, aire acondicionado y marca premium a quienes ocupan cargos en la cúpula del poder uniformado.
La noticia es escandalosa, aunque en el Perú del desgobierno ya casi nada escandaliza. La Policía Nacional compró 168 vehículos de lujo por casi 18 millones de soles, incluyendo ocho camionetas Audi Q5 destinadas al comandante general Víctor Zanabria y sus allegados. Pero no es un caso aislado: el Ejército gastó más de un millón de soles en camionetas Honda Pilot EXL AWD, y la Fuerza Aérea desembolsó casi cuatro millones en Volkswagen Jetta para sus coroneles. El país está en ruinas, pero la élite castrense rueda en cuatro ruedas con tecnología europea.
Todo esto ocurre mientras el país entero está tomado por organizaciones criminales. La extorsión es cotidiana. El cobro de cupos, el secuestro y el asesinato son parte del menú diario que enfrenta la ciudadanía. Pero la respuesta del gobierno no es fortalecer a la policía de base, ni dotarla de chalecos, armamento moderno, ni patrulleros. No. La respuesta es comprar autos de lujo para los altos mandos militares. Prioridades, ¿verdad?
Más indignante aún es el hecho de que, según denuncias internas, estos vehículos podrían ser “adquiridos” por los mismos oficiales a precios menores una vez que pasen al retiro. ¿Regalo con anticipación? ¿Premio por silencio? ¿Bonificación por lealtad? El resultado es el mismo: el Estado despilfarra dinero público mientras los servicios esenciales colapsan. La educación pública está en crisis, los centros de salud carecen de insumos básicos, y miles de niños crecen con hambre y sin futuro. Pero los coroneles, por supuesto, van cómodos.
Y aquí no hablamos de un error aislado. Hablamos de una gestión —la de Dina Boluarte— que ha demostrado no solo indiferencia ante la tragedia nacional, sino complicidad activa en el deterioro institucional. Esta compra no se hizo a espaldas del gobierno. Se hizo bajo su mirada, con su silencio y, probablemente, con su venia.
Y en medio del silencio ensordecedor, ocurrió el milagro: la Contraloría General de la República despertó de su largo y profundo letargo, como si alguien le hubiera echado agua helada encima. Y ahora —con los vehículos ya comprados y distribuidos— ha anunciado una auditoría. Sí, cuando el banquete ya terminó, recién preguntan quién cocinó.
El caso de los vehículos de lujo no es un desliz administrativo: es una ofensa política en un país que se cae a pedazos. Un país donde la inseguridad avanza, los hospitales colapsan, los escolares no tienen carpetas, y los policías de base siguen patrullando sin recursos, sin protección, sin armamento moderno, sin movilidad. Pero donde las élites uniformadas son tratadas como directores ejecutivos de una empresa multinacional.
La Contraloría, tan activa como una piedra durante años, ahora pide explicaciones. Pero no olvidemos que el verdadero problema no es solo el gasto, sino el sistema que prioriza el confort de los poderosos mientras los ciudadanos son víctimas del caos.
Reflexión final
Mientras el pueblo se transporta en buses reventados, ambulancias obsoletas o a pie, la cúpula policial, militar y política navega por las calles del desgobierno en vehículos de lujo. Así se escribe hoy la historia del Perú: un país tomado por bandas criminales, donde la población vive extorsionada y en constante peligro, mientras el Estado invierte en tapicería de cuero para su élite. Y donde Dina Boluarte, lejos de liderar una salida, ha decidido manejar —o dejarse llevar— en piloto automático. Con lunas polarizadas y en primera clase.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra