En un país donde el silencio del gobierno es más estruendoso que las balaceras, donde la presidenta sobrevive midiendo encuestas en vez de gobernar, y el Congreso legisla a favor del olvido, la extorsión ha encontrado su mejor época. Perú, año 2025: ya no se pagan impuestos al Estado, se paga tributo a las mafias. Los datos lo gritan: de 10 denuncias diarias por extorsión en 2019, hemos pasado a 69 en 2025, un incremento del 700%, según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y el economista Víctor Fuentes Campos del IPE.
Mientras la presidenta Dina Boluarte se aferra a su silla sin plan, sin voluntad y sin brújula, el crimen organizado ha encontrado espacio, libertad y hasta inspiración para reinventarse como una nueva autoridad paralela. Ya no solo controlan territorios, también cobran por vivir en ellos. Porque, aunque suene a chiste negro, las mafias funcionan con más eficiencia que el propio Estado.
La criminalidad ha mutado. Hoy no basta con evitar zonas peligrosas; hoy el peligro tiene números telefónicos, tarifarios y cronogramas. La extorsión ha dejado de ser un delito para convertirse en un sistema financiero informal. No importa si eres comerciante, transportista o dueño de un restaurante: si no pagas, explota algo. Si pagas, quizás no explote. ¿Y el Estado? Bien, gracias.
Según el IPE, la extorsión se ha transformado en un “impuesto del crimen”. Un impuesto que nadie regula, todos temen y que, sin embargo, crece como negocio mientras el gobierno desaparece como autoridad. Solo en Lima Metropolitana, las denuncias por extorsión aumentaron un 54.5% respecto al 2024, con modalidades que suenan más a catálogo criminal que a registro policial: desde “chalequeo” y “gota a gota”, hasta secuestros, artefactos explosivos, balas como advertencia y páginas web mafiosas.
Las cifras son inapelables: en el primer semestre de 2025 se han reportado 1,135 homicidios, 661 de ellos por sicariato, con un crecimiento del 16% respecto al año anterior. En paralelo, el Congreso y el Ejecutivo siguen en modo avión, conectados solo entre sí para blindarse mutuamente. Dina Boluarte ostenta un 3% de aprobación, el Congreso apenas alcanza el 6%, y sin embargo se mantienen firmes en el poder, mientras el país se hunde en una criminalidad de factura profesional.
Es decir, el Perú hoy está gobernado por una dupla simbiótica de indiferencia e ineficacia, mientras el crimen organizado llena los vacíos con eficiencia milimétrica. El Estado, más que ausente, parece haber tercerizado la seguridad a las propias mafias.
El negocio de la extorsión, el desgobierno como aliado. Que no se diga que no hay progreso. En el Perú de 2025, la extorsión ha mejorado su alcance, diversificado sus servicios y profesionalizado su operación. Es el sector más dinámico de nuestra economía criminal. Y si sigue creciendo, pronto habrá que incluirlo en las proyecciones del MEF.
Mientras tanto, Dina Boluarte sigue en piloto automático, contando los días hasta julio de 2026, cuidando no caerse, no firmar nada riesgoso y no irritar a sus aliados parlamentarios. ¿La minería ilegal? ¿Las mafias? ¿Las bandas? Todos se reacomodan, se fortalecen y se expanden. Y el Estado, que debería combatirlas, parece más preocupado por sobrevivir en su propio búnker de impopularidad.
Reflexión final: Cuando el crimen manda y el gobierno obedece
Vivimos en un país donde el crimen organizado ha ocupado el lugar que el Estado dejó vacío. Ya no nos extorsionan, nos cobran “derecho de piso” por vivir. Y ante esa tragedia, el Ejecutivo no actúa, el Legislativo se encubre, y los ciudadanos aprendemos a convivir con la amenaza como si fuera parte del paisaje.
En lugar de reformas, tenemos excusas. En lugar de justicia, tenemos encubrimiento. En lugar de futuro, tenemos miedo. La extorsión no solo es un delito: hoy es la prueba más visible de que el Estado peruano ha dejado de funcionar. Que no nos vengan luego con discursos de unidad, cuando la única unidad real en este país es la que existe entre la corrupción, la criminalidad y la inacción del poder. El verdadero Estado peruano está siendo reemplazado —paso a paso— por mafias más organizadas, más efectivas, más violentas… y más despiertas.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra