Doce millones de peruanos pagan religiosamente su seguro social para descubrir que su cita médica llegará después que la estación de lluvias… y a veces después de su propio funeral. EsSalud, que debería ser el pilar de la seguridad social, hoy es un hospital político en el que la gestión se mide en rotación de directivos y no en vidas salvadas. En dos años, seis presidentes ejecutivos han pasado por su dirección, como si el cambio de rostro resolviera un cáncer que hace metástasis en cada oficina. Y mientras el paciente institucional se apaga, sus médicos políticos miran el reloj, calculando no la hora de la intervención, sino la de la próxima elección.
La crisis no es nueva, pero sí más brutal: citas médicas a tres y cuatro meses, falta de medicinas para pacientes oncológicos, VIH o enfermedades raras, programas como Padomi reducidos a versiones simbólicas, cierre de las Unidades Básicas de Atención Primaria y hospitales colapsados que atienden más por inercia que por capacidad. Lo que debería ser atención preventiva y oportuna se ha convertido en un reality de resistencia: el que aguanta, sobrevive.
La presidenta Dina Boluarte gobierna la salud pública como quien sobrevive a una guardia médica: solo lo indispensable para llegar viva al 28 de julio de 2026. Su ministro de Salud, César Vásquez, administra la crisis como si la medicina fueran inauguraciones fotogénicas y no reformas estructurales. Ni uno ni otro parecen entender que EsSalud no se arregla con comunicados ni con conferencias de prensa, sino con gestión real, con decisiones que incomoden a intereses enquistados.
Mientras tanto, el Congreso cumple su papel de cero a la izquierda en materia de salud. Ni fiscaliza ni propone soluciones de fondo, porque la salud pública no genera réditos inmediatos. La indiferencia parlamentaria es tan constante como la espera en los pasillos de un hospital del seguro social.
La corrupción, en cambio, sí goza de buena salud. Compras fraccionadas, sobrecostos millonarios, proveedores sin experiencia y redes de intereses como el “Club de las Farmacéuticas” confirman que la seguridad social es vista como un mercado interno para abastecer bolsillos y no como un servicio para proteger vidas. La Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos se ha convertido en una puerta giratoria para contratos dudosos, donde la urgencia sanitaria se mide en licitaciones, no en horas críticas de un paciente.
El cierre de las UBAP, que descongestionaban hospitales y acercaban la atención a la población, es un ejemplo de autoboicot institucional. Se desmontó un modelo probado sin reemplazo ni evaluación, saturando aún más un sistema que ya no da abasto. En el hospital III de Emergencia Grau, las atenciones subieron 27% en dos años; en otros centros, el incremento pasó del 70%. El sistema no se reorganiza, solo se deja colapsar.
Y en el plano financiero, el pronóstico es reservado: el déficit proyectado para 2028 podría consumir un tercio del presupuesto. Las leyes que recortaron ingresos y limitaron la base de aportes siguen vigentes. Nadie toca esos privilegios porque hacerlo implicaría enfrentar sectores laborales y políticos con poder. Mejor mantener la hemorragia y fingir que no es grave.
EsSalud no atraviesa una crisis: vive en una agonía administrada. Y lo más preocupante es que no hay voluntad política para revertirla. Ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni los directivos designados parecen dispuestos a asumir el costo de una reforma real. El paciente está en la camilla, el monitor vital marca alarmas… y los responsables revisan sus celulares.
Reflexión final
La salud no es una dádiva, es un derecho. Pero en el Perú, ese derecho se gestiona con la misma frialdad con que se administra un botín: se reparte, se acomoda, se explota. Si no se rompe el ciclo de improvisación, corrupción y abandono, EsSalud pasará a la historia como la mayor ironía del país: un sistema llamado “EsSalud” que dejó morir a sus asegurados esperando atención.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra