En el Perú tenemos una rara especialidad: convertir los salones de Palacio en antesalas de Barbadillo. Martín Vizcarra, quien en sus días de gloria se presentaba como el adalid anticorrupción, ahora comparte vecindario con Toledo, Humala y Castillo. Según la Fiscalía, no cayó por un golpe político ni por un mal cálculo electoral, sino por algo más clásico y predecible: el viejo y confiable soborno. Entre 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua, habría pactado S/2.3 millones en “acuerdos” por las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional. Y, como si fuera un guion, hay avionetas, sobres manila y testimonios que llenan el libreto.
La historia, documentada por el fiscal Germán Juárez Atoche, tiene todos los elementos para una serie de true crime versión peruana. Elard Paul Tejeda, exgerente de Obrainsa y colaborador eficaz, relata que el acuerdo fue directo: 2% del valor de la obra a cambio de información privilegiada y asegurar la licitación. Nada de intermediarios, solo 19 llamadas entre noviembre de 2013 y abril de 2014, un presupuesto revelado de S/81 millones y la promesa de que todo saldría “redondito”.
El primer pago no fue en efectivo, sino con el alquiler de una avioneta por S/40,000, detalle que suena más a bonus corporativo que a coima. Luego, llegaron los sobres: S/400,000 en enero y S/600,000 en abril, todo en billetes de S/200 acomodados como si fueran documentos para una reunión de oficina. Los fondos se movían con cheques cobrados por un conserje, guardados en caja fuerte y entregados sin cámaras ni testigos incómodos.
Los respaldos abundan: cheques, registros de vuelo, correos, testigos y hasta la propuesta de la Fiscalía de demostrar en sala que el dinero cabe en un sobre A3. La acusación se refuerza con el testimonio de Manuel Tejeda, hermano de Elard, y de un segundo exdirectivo de Obrainsa, además de peritajes que encontraron sobrevaloraciones en la obra. Todo un manual de cómo no licitar, pero con cargo al erario.
Y como si no fuera suficiente, está el capítulo del Hospital de Moquegua: S/1.3 millones más, según la Fiscalía, siguiendo el mismo patrón de entregas y coordinación directa. Si las cifras y los métodos son ciertos, estamos ante un caso que dibuja un patrón, no un accidente.
Vizcarra niega todo. Desde sus redes sociales asegura que no hay pruebas directas, que todo es persecución y que detrás hay un “pacto mafioso” para neutralizarlo políticamente. Mientras tanto, Barbadillo lo recibe como el cuarto inquilino de una celda colectiva de expresidentes. El Perú, con su inagotable capacidad para la ironía, mantiene a la vez una crisis penitenciaria y un albergue exclusivo para sus exmandatarios.
Reflexión final
En un país donde los discursos anticorrupción duran menos que una promesa electoral y las pruebas caben en un sobre manila, la pregunta no es si caerá el próximo presidente, sino quién será y cuántas llamadas hará antes de subirse a su propia avioneta. La justicia, como siempre, llegará… aunque sea con escala en Barbadillo.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra