En el Perú, las leyes ya no se dictan para fortalecer la justicia, sino para asegurar la supervivencia política de quienes ocupan el poder. La reciente Ley de Amnistía promulgada por Dina Boluarte —pese a las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— es la prueba más clara de que este régimen no busca gobernar, sino protegerse. No se trata de reconciliación ni de “honrar a quienes defendieron la patria”, sino de blindar a aliados clave para mantener a flote un gobierno sin rumbo, cercado por el descrédito y la ingobernabilidad.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo ha dicho sin rodeos: esta ley abre las puertas de par en par a la impunidad para militares y policías condenados o investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. No es un “acto humanitario” para octogenarios; es una operación política para comprar lealtades y asegurar silencios. Dina Boluarte y el Congreso que la respalda han decidido borrar con un plumazo décadas de lucha por verdad y justicia, ignorando a las víctimas y burlando las sentencias internacionales.
Mientras la presidenta repite frases solemnes sobre “reparar honores” y “recuperar dignidad”, el verdadero mensaje es otro: la impunidad es negociable si sirve para sostener el poder. Esta amnistía alcanza incluso a responsables de matanzas como Accomarca, Barrios Altos o La Cantuta, crímenes que marcaron a fuego la historia del país. Boluarte, en vez de garantizar justicia, prefiere debilitar la colaboración eficaz y regalar amnistías, abriendo la puerta para que mañana cualquier otro gobierno use la misma fórmula para blindar a los suyos.
Y mientras el país se desangra por la violencia criminal, el desgobierno se consolida. La minería ilegal y las bandas organizadas tienen en jaque al Estado. Entre enero y julio de este año se denunciaron casi 16 mil casos de extorsión, muchos orquestados desde las cárceles. La Policía, debilitada y politizada, no tiene herramientas ni respaldo para enfrentar la crisis. Pero el Congreso y el Ejecutivo sí encuentran tiempo para aprobar una amnistía que deja sin justicia a miles de víctimas y erosiona aún más la institucionalidad.
Esta ley es un pacto de impunidad, no un acto de Estado. Dina Boluarte ha demostrado que su prioridad no es gobernar, sino resistir, rodeándose de quienes, por interés propio, no la dejarán caer. El precio: una herida abierta en la memoria del país y un precedente nefasto para la justicia peruana.
Reflexión final
El Perú no necesita más shows legislativos ni leyes hechas a medida para salvar a quienes están en el poder. Necesita instituciones que funcionen, policías que no teman enfrentar al crimen, jueces que no negocien la verdad y un gobierno que ponga a los ciudadanos por encima de sus cálculos políticos. La amnistía es la última línea de defensa de un régimen que se sabe débil; lo que está en juego ahora es si el país decide romper ese círculo de impunidad o seguir hundiéndose en él.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra