En un mundo donde los Estados se esfuerzan por mejorar su reputación internacional, el Perú parece competir en una liga distinta: la de acumular desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, lo dijo sin rodeos: nuestro país integra el ranking de naciones con más incumplimientos a este tribunal. Y, como si hiciera falta reafirmar ese récord, la presidenta Dina Boluarte promulgó la cuestionada “Ley de Amnistía”, beneficiando a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa implicados en graves violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. El Ejecutivo lo presentó como un acto de justicia y gratitud; para la CIDH, es una violación flagrante de tratados internacionales y una bofetada a las víctimas.
La lista de incumplimientos de Perú ante la Corte IDH ya supera las dos decenas, incluyendo episodios tan sonados como el indulto a Alberto Fujimori y la ley de prescripción de 2024. Cada uno de estos casos tiene un común denominador: la decisión política de ignorar las sentencias internacionales para priorizar intereses internos o, peor aún, cálculos electorales. El argumento oficial, “el Perú no es colonia de nadie”, busca proyectar soberanía, pero encubre una peligrosa deriva: confundir independencia con aislamiento, y soberanía con licencia para violar compromisos asumidos voluntariamente.
La amnistía promulgada revive una vieja estrategia ya condenada en 2001 en los casos Barrios Altos y La Cantuta: usar la ley para sellar con cemento jurídico la impunidad de crímenes de lesa humanidad. No se trata de desconocer el rol que las fuerzas del orden desempeñaron frente al terrorismo, sino de entender que en un Estado de derecho no hay espacio para premiar a quienes, bajo ese mismo uniforme, cometieron atrocidades.
El mensaje que envía el Gobierno es demoledor: se puede pasar por encima de las víctimas si el relato oficial lo justifica. Las palabras de Boluarte el 13 de agosto, exaltando el valor de “hombres y mujeres que enfrentaron al terrorismo”, excluyen deliberadamente la otra cara de la historia: los civiles inocentes, las familias desplazadas, los desaparecidos y las ejecuciones extrajudiciales. Esa omisión no es un descuido, es una decisión política.
A esto se suma una contradicción que erosiona aún más la credibilidad del Estado: mientras se desobedece a la Corte IDH, se sigue participando en su sistema, proponiendo candidatos y manteniendo un asiento en la mesa que se desprecia públicamente. Es como postular a un cargo en un club que uno asegura no reconocer: un acto de incoherencia diplomática que mina la autoridad moral del país.
La “Ley de Amnistía” no solo desacata mandatos internacionales, sino que erosiona la memoria histórica y consolida un patrón de impunidad que el Perú arrastra desde hace décadas. Con cada desacato, el país no solo pierde prestigio, sino que envía a la comunidad internacional el mensaje de que los tratados firmados son piezas decorativas y que la justicia es negociable.
Reflexión final
El verdadero patriotismo no se mide en discursos altisonantes ni en gestos de desafío a organismos internacionales, sino en la capacidad de enfrentar el pasado con verdad y justicia. Hoy, el Gobierno de Dina Boluarte elige un camino que nos coloca en el podio de la deshonra regional. Y si algo enseña la historia, es que la impunidad no es un punto final, sino un punto de partida para nuevos abusos. El problema no es que el Perú esté en el ranking de los desacatos, sino que parece empeñado en conservar, a toda costa, el primer lugar.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra