El Perú ya no necesita metáforas para describir su crisis: basta con mirar las cifras. En apenas siete años, las denuncias por extorsión en Lima aumentaron un 3.000%. Una cifra tan escandalosa como reveladora: el Estado se ha rendido y las bandas criminales gobiernan. En el gobierno de Dina Boluarte —que no tiene plan de gobierno, ni plan estratégico contra la criminalidad, ni capacidad ni voluntad política— el país se encuentra, literalmente, tomado por mafias que imponen sus reglas a balazos, dinamita y cobros de cupos. Mientras tanto, la presidenta y el Congreso parecen más ocupados en sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026 que en cumplir su mandato de proteger a los ciudadanos.
Los números del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol-PNP) son una radiografía de la debacle. En 2018, Lima registraba una denuncia por extorsión al día. Hoy, en 2025, son treinta. Y en junio de este año se alcanzó el récord de 69 denuncias en un solo mes. Lo que antes era un delito periférico se ha convertido en política pública de facto: la extorsión regula el transporte, los mercados, la construcción, el comercio y hasta las escuelas. En la práctica, el crimen organizado ha logrado lo que ningún gobierno reciente: extender su autoridad y hacerla respetar.
La paradoja es indignante. Mientras la criminalidad diseña su propio plan estratégico para expandirse, el gobierno de Dina Boluarte funciona en piloto automático. No existe una política de seguridad integral, no hay voluntad de enfrentar a las mafias y, lo más grave, no se percibe capacidad institucional para hacerlo. El Ejecutivo evade responsabilidades mientras el Congreso legisla para blindar a la presidenta y garantizar su permanencia hasta 2026. Entre relojes, joyas, viajes y operaciones faciales, la seguridad ciudadana ha quedado relegada al último cajón de prioridades.
El incremento del 3.000% es más que una estadística: es el síntoma de un país capturado. El Estado ya no disputa territorio con las bandas criminales; simplemente lo cede. Allí donde debería haber presencia policial, aparecen sicarios. Donde debería haber impuestos formales, hay cobros de cupos. Donde debería existir justicia, manda el miedo. La extorsión ha pasado de ser un delito a convertirse en un sistema económico paralelo, que se impone porque el Estado se ausentó.
La responsabilidad política es ineludible. En un país normal, un crecimiento delictivo de esta magnitud provocaría renuncias, planes de emergencia y reestructuración institucional. En el Perú, lo que provoca son más excusas, más pactos de silencio y más blindajes mutuos. El Congreso y el Ejecutivo han optado por resistir juntos, aunque el precio sea la seguridad de los ciudadanos.
El aumento del 3.000% en extorsiones desnuda la realidad: el Perú ya no está gobernado desde Palacio, sino desde las mafias que controlan barrios, mercados y empresas. El crimen organizado ha demostrado tener estrategia, disciplina y objetivos claros, justo lo que el gobierno de Dina Boluarte nunca tuvo ni tendrá. Y mientras la política se consume en cálculos de supervivencia, el ciudadano de a pie entierra víctimas, cierra negocios o paga “impuestos criminales” como única garantía de vida.
Reflexión final
El Perú enfrenta una paradoja letal: el Estado se defiende a sí mismo, pero no a su pueblo. Boluarte y el Congreso cuentan los días hasta 2026, pero los ciudadanos cuentan muertos. Y si algo revela este 3.000% de incremento en extorsiones es que ya no estamos ante una emergencia: estamos ante un colapso. El crimen organizado no espera elecciones, no necesita discursos ni promesas; gobierna con eficacia. Y la gran ironía es que, mientras la política se hunde en la parálisis, las mafias sí tienen un plan de gobierno… y lo están cumpliendo con puntualidad aterradora.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra